Isabel Díaz Ayuso remite a la Asamblea de Madrid su ‘ley anti Celaá’
El Partido Popular necesita la abstención de Vox para poder aprobar su anteproyecto de ley, que protege a los centros concertados, la educación especial y la diferenciada por sexos
En la imagen, la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. EFE/Víctor Lerena
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha remitido su ‘ley anti Celaá’ a la Asamblea de Madrid con el fin de poder blindar a la capital frente a la ley educativa LOMLOE, implementada por el Ministerio de Educación.
El elaborado anteproyecto de ley por parte del Partido Popular se enfoca principalmente en la protección de los centros concertados, la atención a los alumnos que reciben educación especial y en el establecimiento del español como «lengua vehicular y oficial», además de permitir la segregación por sexos en las aulas.
«Lo que se pretende es defender los derechos de calidad educativa, de igualdad de oportunidades y de libertad de elección tras la promulgación de la Ley Celaá», ha comunicado este miércoles el portavoz del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, Enrique Ossorio. Sin embargo, el PP necesitará la abstención de Vox para la aprobación del texto ya que la izquierda se opone a la medida.
La Ley Maestra de Libertad Educativa, elaborada por la Comunidad de Madrid permitirá la existencia del distrito único para que las padres de los alumnos puedan escoger centro «sin estar constreñidos por su residencia». Y es que, según la Consejería de Educación, en el 95,8% de los casos los alumnos de la región pueden matricularse en la primera opción de las solicitadas.
«No vamos a hacer colegios donde no hay personas ni ofertar más plazas donde sabemos que las familias no quieren llevar a su hijos«, ha explicado Enrique Ossorio.
Además, Isabel Díaz Ayuso pretende evitar con esta ley la desaparición de los centros de educación especial que el Ministerio de Eduacación afirma que «en 10 años tendrán que transformarse»para que los centros ordinarios se doten de recursos para atender al alumnado que presenta discapacidad, para relegar a estos centros solo a aquellos que necesiten “una atención muy especializada”.
El Gobierno de Ayuso lucha por «la educación diferenciada por sexos». Enrique Ossorio ha indicado que, «según el Tribunal Constitucional, no es una quiebra del principio de igualdad y, por tanto, defendemos el derecho de las familias y de los centros en esa materia».
Las polémicas de la ley Celaá
Desde su implantación, la ley Celáa ha generado una ola de descontento en ciertos colectivos de la enseñanza. Las escuelas concertadas clamaron contra la reforma educativa, al eliminar de redactado la “demanda social” para su oferta. Las administraciones regularán la admisión en centros públicos y privados. El Gobierno de Pedro Sánchez pretende garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad sin segregación socioeconómica.
Otra de las aristas espinosas de la Ley Celaá es la inmersión lingüística. El redactado de la LOMLOE pactado entre el PSOE y ERC pretendía eludir el concepto de lengua vehicular para evitar que el castellano pudiera serlo en la enseñanza.
La norma jurídica también pretende cambiar el estatus actual de las escuelas de Educación Especial. El Gobierno se da un plazo de 10 años para que los centros ordinarios se doten de recursos para atender al alumnado que presenta discapacidad, para relegar a estos centros solo a aquellos que necesiten “una atención muy especializada”.
