Irene Montero abre otro frente con el CGPJ por la ley del ‘sí es sí’

La ministra de Igualdad, Irene Montero, quiere aprobar la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual, conocida como ley del ‘sí es sí’ los días previos al Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Si el pasado 8M hubo polémica por la manifestación permitida por el Gobierno tras detectarse los primeros casos de Covid-19 en España, este año el malestar procede del órgano de los jueces.

En principio, la ley del ‘sí es sí’ supone la modificación del Código Penal, ya que tiene como objetivo que cualquier acto de naturaleza sexual que no sea consentido será considerado como una agresión sexual. Sin embargo, la letra pequeña del borrador también esgrime otras propuestas, como un fondo de reparación para las víctimas. Es decir, todo un paquete de reformas del ámbito económico y jurídico que incluye a varios Ministerios y cambios es varias normas.

Es por ello, que el informe que tiene que elaborar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la ley se retrase. El trabajo de evaluación que tendría que haber durado un mes, ya lleva tres en poder de este órgano. La ministra Montero ya ha metido prisa al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para registrar el anteproyecto cuanto antes a debate y aprobación en el Congreso de los Diputados.

Según las fuentes consultadas, ha sido tanta la insistencia desde Igualdad que el propio Carlos Lesmes, presidente del CGPJ, ofreció celebrar un pleno extraordinario de los jueces en febrero ante la urgencia. Fue el ministro Campo quien calmó los ánimos considerando que no era necesario, ya que este órgano celebra un pleno ordinario el próximo 25 de febrero y ahí será el lugar adecuado para discutirlo y aprobarlo.

El malestar se ha extendido por el órgano de los jueces, ya que consideran que «no son cambios que se resuelvan de un día para otro dada su complejidad». Además señalan que según lo reflejado por Igualdad en el borrador, serían necesarios grandes cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Violencia de Género, el Código Penal y el visto bueno de los Ministerios de Hacienda y Economía.

Los magistrados también critican que la norma también ha sufrido varios cambios por parte del Ejecutivo y consideran que siguen siendo necesarias tres prórrogas para «estudiar el tema en profundidad». El CGPJ tuvo que esperar hasta octubre para recibir un segundo texto, que modificaba al anterior remitido por Igualdad.

Los vocales encargados de estudiar la propuesta Juan Manuel Fernández, Pilar Sepúlveda y Roser Bach (el primer vocal a propuesta del PP y las dos siguientes a propuesta del PSOE) tendrán que estudiarla y hacer los cambios pertinentes, si los hubiera, para luego remitirla al resto de vocales jueces para que hagan lo mismo.

El consentimiento expreso genera discrepancias

Uno de los puntos más conflictivos en el órgano de los jueces es la regulación del consentimiento expreso. De acuerdo con el anteproyecto, se considerará agresión sexual la realización de «cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento».

Esta parte no suscita objeciones para los ponentes del CGPJ. El problema viene en la frase siguiente: «Se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes su voluntad expresa de participar en el acto».

De acuerdo con las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por ED, exigir la prueba de un hecho negativo puede terminar beneficiando a los agresores. A su juicio, con la primera parte redactada sería suficiente . Aunque también señalan «fallos de redacción» a lo largo de todo el texto, elaborado por Igualdad, que bien podrían generar situaciones de inseguridad jurídica.

Desde el Ministerio de Montero prefieren «no entrar en polémicas» y destacan que los aspectos más novedosos no sólo se restringen a la áreas de prevención y sensibilización, sino que «será la primera vez que una ley de violencias machistas incorpore la reparación para las víctimas de violencias sexuales».

Entre las propuestas, también se encuentra la creación de un fondo de recuperación de víctimas de violencia sexual y trata con fines de explotación sexual que se alimentará de los fondos decomisados en la lucha contra el proxenetismo. «Se trata de fondos decomisados a los condenados por delitos de proxenetismo», aclarar desde el Ministerio de Montero, sin todavía atreverse a cuantificar la cantidad de dichos fondos.

La ley prevé también reconocer el feminicido sexual. «Es el homicidio de niñas y mujeres», explican y añaden que, de esta manera, «podremos tener estadísticas para que las hijas e hijos huérfanos por esta violencia reciban pensiones de orfandad en las mismas condiciones que lo hacen los hijos cuyas madres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas», informan.

Desde Igualdad quieren llevar la norma cuanto antes al Congreso, de ahí el apremio a Justicia, para que coincida con el Día Internacional de la Mujer y poder anunciarlo como otro triunfo del Gobierno de coalición. Sin embargo, los jueces, algunos molestos, siguen manteniendo que cada cosa lleva su tiempo y hasta que no lo estudien en profundidad no aprobarán su informe, previsiblemente en el pleno ordinario del próximo 25 de febrero.