Interior admite dificultades para que el 25% de las clases en Cataluña se imparta en español
El departamento de Fernando Grande-Marlaska responde a las críticas de los agentes: "Abogamos por el cumplimiento de la normativa vigente"
El Ministerio del Interior ha reconocido en una comunicación interna las dificultades que presenta el sistema escolar en Cataluña para que al menos el 25% de las clases se imparta en español, tal y como exige la ley. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska se ha alejado así del discurso oficial mantenido hasta ahora por el resto del Gobierno.
Su posición ha quedado reflejada en una carta remitida a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que habían advertido sobre los problemas para conseguir una escolarización en castellano para sus hijos, después de haber sido trasladados a la comunidad autónoma, según ha publicado El Mundo.
En la misiva, Interior admite que los funcionarios públicos deberían tener derecho a elegir la lengua en la que estudian sus hijos, «independientemente del territorio en el que se solicite plaza escolar, sin que la elección de un determinado modelo sea un inconveniente o genere conflictos».
Interior se apoya en los criterios establecidos en la Lomloe
El departamento se ha alineado con las quejas planteadas por los agentes y ha manifestado su voluntad por hacer cumplir la actual Ley de Educación (Lomloe) que obliga a las comunidades a garantizar el castellano en los centros educativos. «Desde este Ministerio abogamos por el cumplimiento de la normativa vigente, así como el de las resoluciones judiciales dictadas al respecto», reza la carta.
La respuesta está firmada por la directora del gabinete de Marlaska, Susana Crisóstomo, y se produce después del escrito conjunto presentado por el sindicato de la Policía Nacional Jupol, la organización de la Guardia Civil Jucil y la asociación Hablemos Español para alertar sobre la situación.
Aunque en la carta no se muestra ningún compromiso concreto para resolver las críticas de los agentes, sí que se reconoce abiertamente la «inquietud sobre la situación» de los hijos de los funcionarios y se traslada el descontento al Ministerio de Educación que es el que tiene las competencias sobre el modelo lingüístico de los colegios.