Inquietud en Europa por los crecientes ataques de Sánchez al marco jurídico
Según ha podido saber Economía Digital de fuentes parlamentarias europeas, la "inquietud e incredulidad" ya son palpables en las instituciones comunitarias
Pedro Sánchez interviene en el plenario del Parlamento Europeo en 2019. Foto: Marc DOSSMANN (European Parliament)
Los ecos de los últimos movimientos del Gobierno de Pedro Sánchez en diferentes ámbitos judiciales –reformas del Código Penal, la articulación de la ley del ‘sólo sí es sí’ que está permitiendo la rebaja de las penas a agresores sexuales, los ataques de la mitad del Ejecutivo a la judicatura o la incapacidad de llegar a un acuerdo con el principal partido de la oposición para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)- ya no se circunscriben a nuestro país: según ha podido saber Economía Digital de fuentes parlamentarias europeas, la «inquietud e incredulidad» ya son palpables en las instituciones comunitarias.
La mirada puesta en Sánchez
Fuentes del Eurocámara muestran su preocupación por los crecientes ataques del Ejecutivo a las garantías judiciales en España y al conjunto de su ordenamiento jurídico, comenzando por el Código Penal, según ha podido testar este periódico de diversas voces. No es la primera vez: la visita del comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, a nuestro país hace menos de dos meses fue un discreto toque de atención a la política judicial de Moncloa, además de una advertencia: las anomalías que se están viviendo en nuestro país deben estar resueltas antes de la presidencia de turno de la Unión Europea que le corresponde a España en el segundo semestre del año 2023.
Porque, aunque lo más sangrante a ojos europeos es la no renovación del órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato lleva caducado casi cuatro años, los últimos movimientos sobre la reforma penal pactada por Pedro Sánchez junto a Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para eliminar el delito de sedición y la probabilidad de que también se edite el de malversación está generando inquietud en el Parlamento Europeo.
El ojo de Bruselas en la justicia española
Las fuentes parlamentarias consultadas admiten que el plano judicial es algo que se «sigue mucho» desde Bruselas, y temen que la tormenta generada a raíz de la sucesión de revisiones a la baja de condenas a delincuentes sexuales en aplicación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual no amaine. Además, la situación está en pausa, a la espera de que los tribunales y la Fiscalía asienten un criterio para aplicarla, toda vez que el Ejecutivo descarta retocarla y apela a la prudencia.
De hecho, tres de las cuatro asociaciones de jueces (Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) han exigido la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, cuyas críticas a la judicatura han sido cuestionadas con diferentes grados de intensidad por todo el arco parlamentario, socios de Gobierno e incluso algún compañero de partido. La cuarta, aunque no pide a Montero que dé un paso atrás pero hace críticas fuertes a sus palabras, es la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia.
El líder del PPE, contra la sedición
Ya hay voces europeas que en público están pidiendo prudencia a Sánchez en sus últimas decisiones. Es el caso de Manfred Weber, líder del Partido Popular Europeo, que, en la Asamblea Política de dicho grupo europarlamentario celebrada este jueves en Lisboa, y en presencia del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido al acuerdo del Gobierno sobre la sedición.
«La sedición ha dejado de ser un crimen para España», ha lamentado Weber, para acabar incidiendo en que dicha reforma va contra la Constitución, por ende, contra el PP Europeo, cuyos valores están en “unir, unificar y mantener unidos” a Europa y España.
