Illa impone su plan de vacunación sin sanidad privada a 20 días de dejar el Ministerio

«El plan de vacunación del Gobierno funciona». Es el mantra con el que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, alecciona a su entorno y también a los periodistas que le preguntan a 20 días de dejar su cartera. Sin embargo, el retraso en la llegada de la vacuna de Pfizer ha trastocado el calendario de las comunidades y muchos centros de atención primaria se ven ahora desbordados ante la falta de personal o no poder trabajar los festivos.

Ante los 17 planes de vacunación existentes en estos momentos en España y el colapso en algunos territorios, la sanidad privada ya se ha ofrecido a colaborar «sin incrementar los costes» y el Partido Popular coge su mano para ‘sacar pecho’, como parte de su estrategia para desprestigiar al Gobierno en plena precampaña de las elecciones catalanas el próximo 14 de febrero.

El Ministerio de Sanidad registra 42.360 nuevos contagios desde el martes y supera los dos millones de contagios y la incidencia sube a 321. El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) ofrece su «disponibilidad absoluta» en todas las comunidades autónomas para agilizar el ritmo de vacunación que requiere la pandemia de coronavirus y lograr una más rápida inmunidad.

Además, la patronal recalca que las empresas están dispuestas a colaborar sin incrementar los costes del sistema de salud, dado que la sanidad privada no factura por las vacunaciones.

En España, la sanidad privada cuenta con 458 hospitales, más de 12.000 centros médicos y cerca de 270.000 profesionales, según los datos de la patronal. «El aumento del número de contagios en las últimas semanas y el incremento de la demanda asistencial asociada, unidos a la saturación ya existente en los servicios de atención primaria, dificultarán aún más la celeridad de la campaña de vacunación, lo que hace imprescindible que se utilicen todos los recursos disponibles», expone en un comunicado.

Illa se atrinchera en su plan inicial

Apenas quedan unos días para que deje el cargo y se vaya a Cataluña a hacer campaña para las elecciones a la Generalitat de Cataluña e Illa se atrinchera en su rechazo a modificar el plan de vacunación inicial.

«El plan de vacunación no contempla la colaboración de la sanidad privada. Está funcionando y lo estamos consiguiendo mediante la sanidad pública», así de contundentes se muestran desde Sanidad. Illa se muestra impertérrito con aquellos que cuestionan recurrir al ámbito privado para acelerar el proceso de vacunación en plena precampaña catalana.

Incluso dentro del Consejo de Ministros se brindó ayuda de otros ministerios para aliviar el colapso. Según ha podido saber Economía Digital, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ofreció la colaboración del Ejército para ayudar en el plan de vacunación, pero Sanidad lo descarta por el momento. Sin embargo, cada vez salen más voces en los distintos territorios pidiendo la ayuda de la sanidad pública y del Ejército. El último en solicitarlo ha sido el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago.

El dirigente popular apostó este jueves por vacunar «mañana, tarde y noche» para frenar la incidencia de la Covid-19 y no tener que cerrar el comercio y la hostelería. Monago consideró que es «el mejor torniquete» para salvar la actividad económica y volver a la normalidad. Por ello, criticó que este miércoles festivo murieran varios extremeños a causa del coronavirus pero no se pusieran vacunas.

El extremeño apuntó que el Día de Reyes sí trabajaron bomberos o policías y pidió que si no hay personal suficiente para la vacunación se acuda a la sanidad privada o a los militares, que se ha ofrecido. También solicitó que se habilite la partida económica que sea precisa y que la Junta de Extremadura hable con los colegios profesionales.

La estrategia del PP

Otra dirigente que ha tomado nota y ha sacado los colores al PSOE ante el colapso sanitario es la presidenta del Partido Popular valenciano, Isabel Bonig. La dirigente ha pedido a Ximo Puig «un plan de choque con la sanidad privada para combatir el colapso actual».

Bonig señaló este jueves que «la situación sanitaria en Valencia está descontrolada. Es urgente un Plan de Choque para derivar a la privada las operaciones aplazadas por la Covid y que se están paralizando en los hospitales públicos. Es absurdo que no se utilicen todos los recursos para la prevención, el diagnóstico, la vacunación o la atención sanitaria. Todos los recursos sanitarios, públicos o privados, deben ponerse al servicio de la salud. No puede ser que la Sanidad pública colapse mientras los recursos no estén al cien por cien».

La popular defiende que «mientras la sanidad pública está saturada y no se atienda a la gente correctamente, la colaboración público-privada no está al cien por cien. Valencia lidera la ocupación de camas hospitalarias con pacientes Covid hospitalizados y todos hemos visto las imágenes de camas en los pasillos, pero parece que Puig sigue sin darse cuenta de la necesidad de dejar a un lado la ideología para salvar vidas», destacó.

El PP quiere ‘sacar pecho’ de la gestión de las CCAA en las que gobierna con respecto a la vacuna

Quien ya ha acudido al Ejército es el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el popular se comprometió este jueves a utilizar «todos los recursos disponibles» para agilizar el proceso de vacunación contra la Covid-19.

Mañueco avanzó que ya trabaja con el Ejército en una estrategia «global» para reforzar tanto el rastreo, que ya llevan a cabo los militares, como la administración de las vacunas. También adelantó que el proceso de vacunación, que avanza a su juicio «a buen ritmo» dentro de lo que «permite el suministro» actual, se va a incrementar en los próximos días «de manera importante».

Según ha podido saber ED, esto forma parte de un plan más amplio ideado desde Génova para intentar sacar pecho de la gestión en las comunidades del PP frente al Gobierno central. Los populares animan a sus barones a contratar más personal, si fuera necesario, y que recurran al Ejército o a la sanidad privada para llegar a tiempo con el proceso de vacunación frente al «caos» de Sanidad.

Un plan de vacunación nacional

El desánimo y el enfado cunden también en algunas comunidades gobernadas por los socialistas. Sus dirigentes critican que existan 17 planes de vacunación distintos, como las restricciones y las medidas tomadas en estas fiestas navideñas. Varios presidentes territoriales han confirmado a ED que expresarán «su queja formal» en el próximo Consejo Interterritorial de Salud y solicitarán un «plan de vacunación nacional» para «no ir a dos velocidades».

El ministro de Sanidad anunció este jueves que España recibirá dosis de la vacuna anticovid de Moderna en «7 o 10 días». María José Sierra, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad (CCAES), se excusó este jueves asegurando que «la logística de la vacunación es compleja. El registro de la misma es una nueva herramienta que se está afinando. Estos primeros días la cantidad de dosis que se reparte y administra necesita un rodaje que cogerá ritmo según pasen los días».

En cuanto a los centros de vacunación, «tenemos experiencia en el Sistema Nacional de Salud. Las autonomías han hecho unos esfuerzos enormes», apuntó Sierra. Además, añadió que «estamos listos para la llegada de la vacuna de Moderna». Las comunidades, por su parte, temen «no dar a basto» ante el colapso de los centros de atención primaria y algunas reclaman ya al Gobierno poder contar con la sanidad privada.

Los sindicatos también solicitan al Gobierno un marco estatal de vacunación y además, vacunar a los trabajadores vulnerables como parte de la estrategia de refuerzo las medidas de prevención en esta tercera ola de coronavirus.

UGT reclama mantener el teletrabajo cuando sea posible y establecer turnos si no lo es, dotar a los trabajadores del material de protección adecuado, establecer limitaciones de aforo y optar por las videoconferencias sobre la presencialidad.

Desde el sindicato exigen que «la salud sea prioridad en los centros de trabajo» y para ello reclaman que se elaboren planes de contingencia y protocolos adecuados en las empresas y un control del cumplimiento de las medidas por parte del Estado para garantizar la salud de los trabajadores, con especial incisión en los más vulnerables.