Iglesias prepara un nuevo modelo de residencias 27.000 muertos después

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, negocia con las autonomías y los agentes sociales un plan de choque para mejorar los servicios sociales en España, tras los 27.000 ancianos que han muerto en residencias con Covid-19 o síntomas compatibles con la enfermedad, según los datos oficiales de las comunidades autónomas y a falta del informe exhaustivo sobre estos centros que el Ejecutivo se comprometió a realizar en abril.

El Gobierno negocia impulsar una ley marco de servicios sociales y un mecanismo de acreditación para el nuevo modelo de residencias de mayores que Iglesias busca impulsar con las comunidades autónomas y los agentes sociales en el próximo Consejo Interterritorial de Asuntos Sociales. El plan de Iglesias ya tiene el visto bueno del presidente Pedro Sánchez, según confirman fuentes gubernamentales a Economía Digital. 

El anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentado este martes por el Gobierno de coalición contempla una partida de 636 millones de euros que irán destinados a reforzar el sistema de atención a la dependencia, tras las numerosas denuncias al Ejecutivo por la gestión de la pandemia en las residencias.

A esta cantidad se sumarán 708 millones de euros provenientes de los fondos europeos que irán destinados a reforzar infraestructuras, inversiones y complementarán al sistema de dependencia. De aquí saldrán las ayudas que refuercen un nuevo sistema residencial enfocado al cuidado de las personas a imitación del modelo existente en Canadá, que cuentan con una fuerte conexión entre la parte asistencial y la parte médica a través de la atención primaria.

El objetivo de Iglesias es aprobar una Ley Marco de Servicios Sociales a finales de 2021, al mismo tiempo que se vaya avanzando en la propia norma de desarrollo para el modelo residencial. “Los servicios sociales son competencias autonómicas y todo ello tiene que ser negociado en el Consejo Interterritorial. Pero, tenemos la intención de que ambas propuestas se desarrollarán en paralelo”, comentan fuentes de la Vicepresidencia Segunda.

Iglesias negocia desde verano

El vicepresidente Iglesias lleva desde verano negociando un nuevo modelo asistencial con las comunidades autónomas. Les ofrece una oferta de proyectos, a modo de “líneas públicas vinculadas al desarrollo de modelos residenciales enfocados al cuidado de las personas”, explican fuentes de su Ministerio.

El líder de Podemos ha constatado “la confluencia de intereses” entre las distintas autonomías y el gran avance que se ha hecho hasta el momento, según explican desde la Vicepresidencia.

También comentan que hay algunas comunidades como Vizcaya o Guipúzcoa que ya se acercan mucho al cumplimiento de lo que Iglesias quiere plantear en toda España, respecto a cumplir un certificado de calidad que fuera homogéneo en todos los centros asistenciales.

Residencias más pequeñas

En estos momentos está en discusión el nuevo modelo a aplicar. Los morados buscan que sea similar al ya aplicado en los países nórdicos, esto son centros residenciales pequeños, a base de módulos de unas 25-30 personas con fuerte conexión a la atención primaria para que se tenga la posibilidad de aplicar drenajes, entre otros cuidados que no fueron posibles de aplicar durante la pandemia.

Se trata de un sistema de módulos de hasta 30 personas en cada uno, en los que estarían en orden de un centenar de personas en cada centro, con una sectorialización que evite posibles contagios. “Sería un error convertir las residencias en hospitales ‘low cost’”, insisten desde el Ministerio de Iglesias.

Desde el Gobierno también tienen pensada destinar una partida presupuestaria para readaptar los centros existentes, de manera que se puedan reconvertir con el tiempo a este nuevo modelo y tendrán para ello financiación de las comunidades autónomas, según anuncia la Vicepresidencia Segunda.

El escollo: la contratación de personal

El gran problema para las comunidades respecto a este nuevo modelo es la contratación de personal y el gasto corriente de todos los proyectos. La letra pequeña de los planes de Iglesias es que este tipo de gastos, como es la enorme contratación de personal que deberán de realizar las autonomías para poner en marcha estos centros no estará sufragada por el Gobierno ni por Europa.

Desde Vicepresidencia del Gobierno están dejando claro a las comunidades que este tipo de gastos corrientes los deberán de efectuar las propias comunidades y los ayuntamientos. Fuentes del Ejecutivo consultadas admiten que todavía no tienen una cifra exacta de cuánto presupuesto se estaría hablando ni tienen conocimiento del personal exacto que se debería de contratar, “todo va en función de los planes que se aprueben”, explican.