El ICF será investigado por el Banco de España tras avalar a los condenados del procés
La institución que gobierna Pablo Hernández de Cos examinará si existe una subordinación del Instituto Catalán de Finanzas al Govern. De ser así, no cumpliría con los requisitos para operar como un banco público
El conseller de Economía, Jaume Giró, uno de los principales promotores de los avales del ICF. EFE/Toni Albir/Archivo
El objetivo de Cataluña de convertir el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) en un banco público se complica. El Banco de España investigará si existe una subordinación de este organismo al Govern y, de ser así, no se cumpliría con los requisitos para obtener la licencia de banco.
La Generalitat lleva tiempo detrás de este proyecto y, de hecho, lo convirtió en una de sus prioridades para esta legislatura. Pero el aval que ha conducido la entidad a los líderes independentistas condenados a pagar 5,4 millones de fianza ante el Tribunal de Cuentas lo ha puesto en peligro.
Fuentes de la institución que gobierna Pablo Hernández de Cos han indicado a El Mundo que la independencia y la gestión profesional son dos condiciones fundamentales para conceder la licencia de banco.
No obstante, este obstáculo no llega por sorpresa. Una vez que el Govern recibió el rechazo de la banca privada y decidió usar al ICF para pagar la fianza de los dirigentes independentistas, Jaume Giró, conseller de Economía, temió no conseguir la ficha bancaria por culpa de este movimiento, según pudo saber Economía Digital. Y ahora su miedo podría hacerse realidad.
La ley pide prestar atención a los «vínculos estrechos»
El Banco de España recuerda que, según la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, está obligado a rechazar solicitudes de entidades que no garanticen «una gestión prudente y adecuada«.
Si ya era difícil que la Generalitat consiguiera su objetivo, ahora lo es más. Incluso fuentes del propio ICF lo admiten. «Ahora es muy difícil, hay que reconducir las cosas», señala un directivo de la institución en declaraciones al citado diario.
La petición debe ser denegada ante «la posibilidad de que la entidad quede expuesta, de forma inapropiada, al riesgo de las actividades no financieras de sus promotores, o cuando, tratándose de actividades financieras, la estabilidad o el control de la entidad pueda quedar afectada por el alto riesgo de aquéllas», dicta la norma.
Y añade que, también por «la posibilidad de que el buen ejercicio de la supervisión de la entidad sea obstaculizado por los vínculos estrechos que la misma mantenga con otras personas físicas o jurídicas». En este sentido, el propio ICF se define en su web como «propiedad de la Generalitat de Catalunya».
Por todo ello, el Banco de España examinará si este ICO catalán cumple las condiciones necesarias. Sin embargo, quien tiene la última palabra para que esta entidad pase a considerarse un banco es el BCE.
Desde que existe el Mecanismo Único de Supervisión (MUS), que analiza la estabilidad financiera de las entidades de crédito en los Estados miembros, es el Banco Central Europeo el que determina estas cuestiones.
