Iceta propone despedir a los nuevos interinos a los tres años en el mismo puesto
Las vacantes del personal interino cesado tras tres años en el mismo puesto no podrá cubrirse en el plazo de un año
El Constitucional admite a recurso el recurso del Gobierno contra le ley catalana de alquileres./ EFE
El pasado 18 de marzo el nuevo ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, compareció por primera vez como ministro en el Congreso tras su nombramiento para explicar las líneas generales de su departamento y sus intenciones y allí avanzó el compromiso adquirido con los sindicatos para la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
El objetivo de la reforma, según dijo entonces, era el de establecer la obligatoriedad de las administraciones públicas de cubrir, en un plazo máximo de tres años, las plazas existentes que ocupan actualmente personas sin contrato fijo, así como desarrollar medidas efectivas para «prevenir y sancionar» el abuso y el fraude en la temporalidad, que se ponga el énfasis en su excepcionalidad y se delimite su duración máxima.
Sin embargo, el primer borrador intercambiado con los sindicatos sobre la propuesta de reforma del artículo 10 del EBEP establece que los interinos no podrían continuar en su puesto de trabajo más de tres años, quedando la administración exenta de responsabilidad por la política de planificación de recursos humanos.
La vacante no se cubrirá en un año y no se reconoce la carrera profesional
Según se desprende del borrador de la reforma del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público, al que ha tenido acceso Economía Digital, también se fija que «transcurridos tres años desde el nombramiento del interino se producirá su cese sin que pueda cubrirse esa vacante en el plazo de un año«.
A ello se suma que, conforme al borrador, el personal interino no obtendrá el reconocimiento de la carrera profesional hasta que adquiera la condición de funcionario de carrera. En concreto, señala que en el caso de que el personal funcionario interino, tras la superación del correspondiente proceso selectivo, adquiera la condición de personal funcionario de carrera, se procederá al reconocimiento periodo de interinidad previo, a efectos de carrera profesional, en los términos de las leyes de función pública que desarrollen el Estatuto.
«Dicho reconocimiento solo desplegará los efectos económicos y administrativos que corresponda a partir de fecha de la toma de posesión como personal funcionario de carrera en la Administración Pública de que se trate y de acuerdo con las reglas de carrera que resulten de aplicación», especifica.
En el borrador no figura ningún tipo de sanciones a pesar de lo que estaba previsto según los distintos pronunciamientos del ministro Iceta en varias intervenciones con el fin de reducir la temporalidad y el abuso en las administraciones públicas españolas.
La norma no se aplicará al personal interino previo a la misma
Asimismo, se establece que los órganos competentes en materia de personal en cada una de las administraciones públicas serán responsables del cumplimiento de las previsiones contenidas en el artículo 10 y «velarán por evitar cualquier tipo de irregularidad en la contratación laboral temporal y nombramientos de personal funcionario interino».
De igual forma, las administraciones públicas promoverán en sus ámbitos respectivos el desarrollo de criterios de actuación que permitan asegurar el cumplimiento de esta disposición así como una actuación coordinada de los distintos órganos con competencia en materia de personal.
En el borrador también figura el plazo de un año desde la entrada en vigor para la adecuación de la legislación específica del personal docente y del personal estatutario de los Servicios de Salud. A su vez, se recoge que no se aplicará la norma al personal interino nombrado con anterioridad a la entrada en vigor de la misma.
Reducir temporalidad al 8% en 2024: estabilizar 300.000 interinos
En todas sus intervenciones Iceta ha insistido en que la temporalidad es un problema que alcanza al conjunto de las administraciones, pero no a todas por igual, ya que en la Administración General del Estado (AGE) la temporalidad es del 8%, frente al 13% de media en los ayuntamientos y del 30% a nivel autonómico, en su mayoría, en los servicios de salud y educación.
El objetivo marcado por Iceta es situar la tasa de temporalidad en el conjunto de las administraciones públicas españolas por debajo del 8%, aunque ya apuntó que esta meta se proyecta para un periodo de tres años. Para ello se contemplan procesos selectivos, reformando el Estatuto Básico del Empleado Público con la medida de impedir que una plaza con carácter estructural esté ocupada durante más de 3 años por una persona sin contrato fijo, y estudiando una herramienta de planificación de recursos humanos (sobre la tasa de reposición), que podría superar el 110% en algunas administraciones.
El Ministerio se marcó como tarea que la temporalidad en la Administración pública tenga carácter excepcional y una duración máxima delimitada y el objetivo de culminar los procesos de estabilización de 2017 y 2018 con un último proceso para estabilizar en total a 300.000 trabajadores interinos que ocupan plazas estructurales, hasta el 31 de diciembre de 2024.
El Gobierno promoverá la estabilización con carácter fijo del personal interino que realiza de forma permanente funciones de tipo estructural«. Lo cierto es que Iceta ya distinguió entre las personas que han accedido a
la Administración por un tiempo tasado, para un proyecto concreto, y que por lo tanto no adquieren el derecho de mantenerse en la Administración, y aquellos que han ido encadenando contratos y que desarrollan una labor fija estructural.
Para los primeros Iceta planearía su despido, mientras que para los que desempeñan una labor estructural baraja su estabilización, es decir, su conversión a personal fijo.
Protestas de los interinos
Fuentes sindicales han señalado a Economía Digital que se encuentran analizando el borrador pero muestra a priori su rechazo al planteamiento de despedir a los interinos tras tres años en el mismo puesto y reclaman la establización de los alrededor de 800.000 empleados públicos en situación de interinidad en la actualidad.
En las últimas semanas las asociaciones de interinos de las administraciones públicas han convocado varias protestas, la más multitudinaria el pasado día 22 de mayo en Madrid, para exigir la estabilización de sus plazas y una solución a las situaciones de abuso y fraude de ley.
Reforma del modelo de acceso: menor importancia a la capacidad memorística
Por otra parte, el ministro presenta este miércoles la nueva Estrategia para reformar el modelo de acceso al empleo público que estará abierto al debate, tras medio año en el que el Instituto Nacional de Administración Pública ha reunido a cerca de un centenar de personas del ámbito académico, de los sindicatos, expertos nacionales e internacionales en diferentes jornadas donde se ha debatido sobre la materia.
Iceta plantea un acceso o a la función pública en el que se tenga más en cuenta la capacidad y la aptitud y menos la habilidad memorística de los candidatos, en línea con otros países del entorno, al tiempo que estudia la viabilidad de un sistema de ayudas dirigidas a aspirantes que tienen grandes dificultades para dedicar varios años de su vida a preparar una prueba de acceso.
El Ministerio ya ha lanzado una campaña en las redes sociales para atraer el talento y a los jóvenes al empleo público.
