Iberdrola y Endesa pierden la batalla contra Sánchez del impuesto pese al apoyo del PP
Los populares se alineaban con las empresas eléctricas y defendían eliminarlas del gravamen energético al ya estar topadas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, en una imagen de archivo. EFE/ Biel Aliño
El Gobierno ha parido finalmente, a través de sus grupos parlamentarios, el paquete de creación de los nuevos impuestos a la banca y a las energéticas, las estrellas de las medidas que Pedro Sánchez ha anunciado durante la segunda mitad del curso. Estos gravámenes conforman el grueso de los incrementos impositivos previstos para el ejercicio 2023 al presentar su batería de enmiendas y con ellos el Ejecutivo ha dado un golpe sobre la mesa: finalmente, Iberdrola y Endesa también estarán incluidas en estas figuras tributarias.
Así, se suman a otras compañías como Repsol, Naturgy y Cepsa. Todas se verán afectadas por este impuesto de nuevo cuño, cuyo diseño se mantiene sin mayor cambio en las enmiendas que los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos presentaron en el límite del plazo de la proposición de ley, algo que no veían con buenos ojos en el principal partido de la oposición, el PP, que optaba por excluir a las eléctricas.
No son los populares los únicos que no hubieran sumado a Iberdrola y Endesa a la lista. De hecho, la Comisión Europea había planteado un modelo alternativo, aunque daba cancha a poder incluir tributos propios a cada país. Al final, el Gobierno español ha optado por su propio método y ha arrojado luz sobre cuáles son los sectores energéticos gravados.
El PP, alineado con las eléctricas
Para el PP, España corre un grave riesgo al no seguir la recomendación europea. Fuentes del grupo parlamentario así lo señalan: «No es posición ideológica, es respetar lo que dice Europa». Citan al Reglamento 2022/1854 del 6 de octubre de la Unión Europea, que recoge que el impuesto a las empresas energéticas tiene que ir dirigido a los combustibles fósiles y, además, debe ser sobre los beneficios extraordinarios, no sobre la facturación, que es la vía que ha escogido el Gobierno de Sánchez.
«El impuesto no está adaptado», afirman desde la dirección del PP, «y no reproducir lo que dice el Reglamento tal cual implica dos peligros: que este impuesto sea declarado contranorma -y pasaríamos de tener un ingreso a una devolución una vez pagado que tendrían que asumir los españoles, como sucedió con el proyecto Castor- y que dañe gravemente a las empresas». En la misma tesis se encuentra Fedea, que en un informe reciente alerta de que esta medida es «cuestionable» y no «contribuye precisamente al fomento de la actividad económica».
Es por ello que el PP no se movería de esas palabras y acerca su tesis al argumentario que defienden las eléctricas, dado que consideran, al igual que Iberdrola y Endesa, que su actividad ya está afectada por otras tasas. Para el resto de energéticas, se muestran de acuerdo siempre que sea en la línea marcada por el mencionado reglamento europeo. «Ya está topado, ¿para qué gravar?», se preguntan.
Se refieren de este modo a la minoración de ingresos del sector eléctrico aprobado en nuestro país en septiembre de 2021, pero que topa la venta de energía dentro de la propia empresa, que estableció en un límite de 67 euros megavatio. Es en este punto donde los populares ponen el foco, ante el riesgo de que haya una doble imposición para las compañías y exista la posibilidad de ser devuelto por parte de la UE.
Iberdrola lo recurrirá
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ya había anunciado que acudirán a los tribunales en caso de que finalmente se aplique el impuesto temporal y extraordinario a las grandes energéticas, que gravaría con un 1,2 % las ventas de estas compañías.
«No veo ninguna razón por la que deban aplicarlo porque ya estamos pagando muchos impuestos», adujo Galán durante la presentación de los resultados del grupo, que hasta septiembre ha ganado cerca de 3.104 millones de euros, un 29 % más que en el mismo periodo de 2021, a pesar de la caída en España. En opinión de Galán, este gravamen «va en contra de las directivas europeas».
Galán recordó que la propuesta que aprobó la Comisión Europea propone gravar únicamente los beneficios extraordinarios de las empresas activas en el sector del petróleo, el gas, el carbón y la refinería, pero «no habla sobre los ingresos». Asó, el presidente de Iberdrola insistió en que los abogados de la multinacional española «van a trabajar de manera muy eficiente para defender al accionariado».
