Huida hacia adelante del Gobierno en su golpe al TC: acusa al PP de «atropello institucional»

El Ejecutivo de Pedro Sánchez espera que este recurso no sea aceptado y culpa al PP de "atacar la democracia"

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, atiende a los medios de comunicación junto al Delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana (i). EFE / Luis G Morera

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Este jueves puede pasar a la historia como el día en el que el Tribunal Constitucional marcó un precedente al frenar la tramitación parlamentaria de la reforma del Código Penal en el Congreso de los Diputados. El pleno extraordinario del alto tribunal, con mayoría conservadora, decide si admitir el recurso del PP en el que los de Alberto Nuñez Feijóo piden frenar de forma cautelarísima -es decir, que pare de manera inmediata- la aprobación de dos de enmiendas, una de ellas, la que pretende suprimir la mayoría de tres quintos para renovar el TC. Algo que para el Gobierno es «un atropello institucional».

El Ejecutivo de Pedro Sánchez espera que este recurso no sea aceptado. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha asegurado que se trata de un hecho «absolutamente grave y excepcional» y «nunca se había dado una circunstancias de estas características en la democracia española». Es el Poder Legislativo y ningún otro poder puede cuestionar esta tarea que es la base de nuestra democracia», ha aseverado este jueves en visita la isla de La Palma.

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, atiende a la prensa en los pasillos del Congreso donde este jueves se celebra el pleno. EFE/ Juan Carlos Hidalgo

La socialista ha acusado al PP de poner en duda la democracia y de «bloquear» las instituciones «cuando no las ocupa». Sin embargo, el movimiento de los populares entra dentro de la legalidad y eso es lo que ha defendido este jueves Cuca Gamarra en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso. Al ser preguntada por si el hecho de que el TC intervenga en esta reforma, la número dos del PP ha respondido tajando que «todo lo contrario».

El PP desmiente al PSOE

Gamarra ha afirmado que el Constitucional actuará como «árbitro» y habrá que respetar su decisión. La portavoz del grupo popular en la Cámara Baja ha insistido en que las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional no se pueden modificar con enmiendas a través del Código Penal. «En esta Cámara hay que respetar los derechos fundamentales, los derechos políticos que tenemos todos y cada uno de los diputados y no hay mayoría que te los pueda quitar y hemos pedido al Tribunal Constitucional que nos ampare», ha argumentado Gamarra.

El PP defiende que las leyes orgánicas del Poder Judicial y del TC no se pueden modificar con enmiendas a través del Código Penal.

El PP cree que sus derechos parlamentarios han sido vulnerados en el momento en el que la Mesa de la Comisión de Justicia, presidida por el socialista Felipe Sicilia, no quiso abordar su petición de sacar de la reforma del Código Penal estas dos enmiendas. «No le dio la gana de hacerlo», ha apuntado Gamarra.

El Gobierno pide al TC que rechace el recurso del PP

Mientras tanto, el grupo socialista ha presentado en el Tribunal Constitucional un escrito en el que pide que este órgano que rechace la pretensión del PP de suspender de forma cautelarísima la tramitación parlamentaria, según ha informado Efe. Así ha quedado plasmado en una iniciativa que PSOE y Unidas Podemos han aprovechado también para intentar desbloquear los nombramientos de magistrados del TC por parte del CGPJ, pendiente desde hace varios meses.

Los partidos de la coalición alegan que no se justifica «la adopción de una medida cautelarísima respecto al procedimiento legislativo en curso en el Congreso de los Diputados» pues el mismo no puede generar perjuicios de difícil reparación dado que no ha concluido y proseguirá de acuerdo con las previsiones de la Constitución y los reglamentos parlamentarios.

Y añade que «la adopción de una medida cautelarísima como la suspensión de todo o parte de un procedimiento en curso en el Congreso afectaría a uno de los fundamentos de la democracia, el ejercicio de la potestad legislativa por las Cortes, que es una de las bases del Estado de derecho».

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