La huelga de los letrados de Justicia va para largo: «No nos queda otra»

La huelga de los letrados de la administración de Justicia, los antiguos secretarios judiciales, va para largo. Son ya 25 días de parón -19 laborables- que han provocado la suspensión de más de 100.000 vistas y juicios y el bloqueo de cerca de 1.286 millones de euros en toda España y unos 295 millones en Madrid, según los últimos datos facilitados por el Consejo General del Poder judicial. Las 15 horas de negociación del jueves y el viernes de madrugada entre el ministerio que dirige Pilar Llop y el comité de huelga no dieron sus frutos y, según fuentes de las asociaciones convocantes, la reunión ha sido una pérdida de tiempo. «Nos han hecho ir para nada», aseguran a ECONOMÍA DIGITAL.

Y no ven otro remedio: «Alargamos la huelga, no nos han dejado otra alternativa», aseveran. «Nos han prometido una cosa y después no lo han cumplido, por lo que solamente nos queda esta herramienta», lamentan. Y es que desde el Gobierno no están dispuestos a conceder las mejoras salariales y laborales exigidas. Sobre todo por un motivo: no se trata de trabajadores que quieren llegar a fin de mes o que peligran sus puestos de trabajo. «Es una huelga de personas privilegiadas que cobran de 40.000 a 60.000 euros al año», cargó el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, al término de la reunión.

Desde el comité consideran que estas declaraciones son «desafortunadas». «Evidentemente hay muchas personas que tienen grandes dificultades económicas y nosotros no estamos en esa situación, pero lo que estamos pidiendo es algo tan legítimo como una retribución ajustada por el trabajo que hacemos», comenta Xoán Yáñez, portavoz del comité de huelga, en conversación con este medio. Sobre todo porque en los últimos tres años se han producido una serie de reformas en el sector que han provocado una mayor carga de trabajo para los letrados.

Mayor carga de trabajo para los letrados

Desde 2019 se ha implantado un nuevo modelo judicial que, en vez de estar basado en los juzgados, donde pequeñas unidades de unas diez personas realizan todas las tareas y llevan un asunto de principio a fin, se organiza por fases procesales. Esto quiere decir que un servicio se encarga de iniciar el proceso, otro de la tramitación, el enjuiciamiento le corresponde a los jueces y es otro servicio el que realiza la ejecución. Lo que ha ocurrido, explica Yáñez, es que «la implantación de ese modelo exigía atribuir las sanciones procesales a alguien que no fuera el juez, porque esta figura se dedicaría solo a dictar sentencia».

«Esta actitud tan obstruccionista del ministerio de retrasar todo, de buscar el agotamiento, lo que hace es crear un grave perjuicio al servicio público»

Xoán Yáñez

Sin embargo, este nuevo modelo no llegó a implantarse de forma mayoritaria en España, pero sí que se modificaron procesalmente todas las leyes. Fue en ese momento cuando los letrados de la administración de justicia, que entonces eran secretarios judiciales, pasaron a adquirir funciones que antes eran de los jueces. Y he aquí una de las principales reivindicaciones de esta huelga: que el salario de los letrados corresponda al 85% del de los jueces. «Consideramos que sería una retribución ajustada a nuestro nivel de responsabilidades y competencias actuales», incide el letrado.

Pero desde la cartera que preside Llop no lo ven igual. De hecho, el encuentro estuvo lleno de reproches y en ningún momento se acercaron posturas. Ambas partes situaron a la ciudadanía como la principal víctima de este desacuerdo. «Esta actitud tan obstruccionista del ministerio de retrasar todo, de buscar el agotamiento, lo que hace es crear un grave perjuicio al servicio público, al ciudadano, a los profesionales», asevera Yáñez en declaraciones a este diario. Y mientras tanto, «la justicia está totalmente parada», advierten desde el comité.

Desde el ministerio, en cambio, destacaron que solo queda por cumplir una reivindicación de las once planteadas por las asociaciones-la revisión del complemento de productividad– y considera fuera de lugar sus peticiones salariales ya que sus retribuciones van a crecer de media un 14,76 % en tres años. La actitud del departamento de Llop es, en opinión de las asociaciones convocantes -el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), de la Unión Progresista de Secretarios de Justicia (UPSJ) y de la Asociación Independientes de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ)- totalmente «irresponsable».

La abogacía urge a resolver el conflicto

Ante el impacto que está teniendo la huelga, el Consejo General de la Abogacía Española emitió un comunicado este viernes para reclamar «celeridad y responsabilidad» y resolver el bloqueo que «está perjudicando gravemente a juzgados y tribunales», ya que los letrados intervienen en todos los pasos de los procedimientos judiciales.

«Los letrados participamos en todas las fases de los procedimientos, de principio a final, si el letrado hace huelga en ese juzgado prácticamente no se puede hacer nada», advierten desde las asociaciones convocantes. «Desde el reparto de los asuntos, la admisión de la demanda, el señalamiento de los juicios y la propia celebración de los juicios porque nosotros somos los que damos fe de ese juicio», agregan.