Hacienda pospone la auditoria de la Seguridad Social
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha vuelto a defender que el sistema de pensiones en España "es sostenible"
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha vuelto a posponer la auditoria de la Seguridad Social, como reclama Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para respaldar la reforma de las pensiones, y vuelto a defender que el sistema de pensiones en España «es sostenible».
Así ha respondido la ministra en la sesión de control al Gobierno de este miércoles a la petición del republicano Jordi Salvador, quien ha solicitado información sobre el cumplimiento de algunas exigencias recogidas en un informe del Tribunal de Cuentas. En concreto, sobre la auditoria a la Seguridad Social que se acordó el 28 de diciembre para un plazo máximo de seis meses para su elevación a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos de Pacto de Toledo, comprenderá la cuantificación de dichos conceptos y su financiación durante el período comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos.
«Llevamos más de 11 meses y ni rastro de la auditoría», ha recriminado el diputado, que ha afirmado que el Gobierno de Sánchez, «está incumpliendo la Ley» en este asunto.
La ministra ha justificado el aplazo de la auditoria a la pandemia del covid-19 y en los actuales planes de recuperación económica del Gobierno. «Todavía tenemos tiempo después de haber venido de una pandemia y saber que estamos muy enfrascados en la recuperación económica», ha respondido Montero.
Escrivá ya incumplió el plazo
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por José Luis Escrivá, ya incumplió el plazo para la auditoria de la Seguridad Social en febrero al no encargar el informe de la auditoría sobre los ingresos y gastos de la administración.
El no encargo del informe de auditoría por parte del Gobierno supone un incumplimiento respecto al plazo fijado en la primera parte de la reforma de las pensiones, impulsada por el propio ministro Escrivá y recogida en la ley del pasado 28 de diciembre de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, que entró en vigor el pasado 1 de enero.