Hacienda estrecha el control fiscal sobre las criptomonedas
El Tribunal de Justicia de la UE podría 'tumbar' a finales de este año el modelo elegido por el Gobierno para declarar las divisas digitales.
La Agencia Tributaria estrecha el control sobre las criptomonedas. El Gobierno de coalición exigirá a los contribuyentes que incluyan estas inversiones y el volumen de divisas digitales que posean en la declaración de los bienes en el extranjero, que se presenta bajo el Modelo 720.
El plan que está desarrollando Hacienda consta de varias fases donde el objetivo final será la creación de un modelo propio para declarar las inversiones en Bitcoin, Ethereum, Ripple y el resto de criptomonedas, según desvelan en exclusiva fuentes del Ministerio a Economía Digital.
Hasta entonces, Hacienda ya ha hecho públicos sus planes a corto plazo a través de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero para 2021. De momento, Hacienda pide «obtener información para las operaciones con criptomonedas» a la vez que «prevé su incorporación al modelo de bienes y derechos en el exterior».
Fuentes del Ministerio explican que, en principio, se busca una correcta información ante el auge de las criptomonedas para evitar riesgos fiscales y de cara a que se produzca una correcta tributación.
El criterio de Hacienda incluirá la «sistematización y el análisis de la información obtenida, a efectos de facilitar las actuaciones de control de la correcta tributación de las operaciones realizadas y el origen de los fondos utilizados en la adquisición de las criptomonedas».
La UE podría ‘tumbar’ el modelo elegido
Sin embargo, el no tener desarrollado todavía un modelo propio y paliarlo mediante el ‘modelo 720’ de bienes y derechos en el exterior no ha gustado en el sector, ni siquiera en la UE. Las distintas plataformas que operan con Bitcoins señalan que las divisas digitales no tienen lugar de residencia propio, solamente lo tienen las casas de cambio.
Además de ello, la Comisión Europea decidió presentar ante el Tribunal de Justicia de la UE en junio de 2019 una demanda ante el ‘modelo 720 de declaración de bienes en el extranjero’, cuyo comportamiento comporta sanciones «desproporcionadas» por parte de España y señala que podría vulnerar hasta cuatro libertades comunitarias y poner coto al espacio económico europeo.
A partir de ahí, Bruselas instó a la Corte de Luxemburgo a condenar a España por varios puntos concretos de la ley. Los expertos prevén que, en torno a finales del 2021, la Justicia europea terminará con las desproporcionadas sanciones y la imprescriptibilidad en el IRPF derivadas del Modelo 720.
Algo que tendrá demoledores efectos y generará una responsabilidad patrimonial de España como nunca antes. El ‘Asunto C-788/19’, así se llama en Luxemburgo, podría ‘tumbar’ definitivamente este modelo y las criptomonedas, de nuevo en el limbo.
Objetivo: incrementar las divisas digitales
En el Gobierno prefieren no contestar y miran para otro lado, asegurando que este nuevo mecanismo de control potenciará la cooperación internacional y la participación en foros internacionales con el objeto de obtener información sobre las operaciones con criptomonedas y otros activos virtuales.
Se acabó aquello de operar libremente y también de cara a controlar las plataformas que hacen de intermediarios en estos intercambios o compra-ventas.
Para Hacienda todo son ventajas y exponen que han detectado una bolsa de inversores indecisos por falta de seguridad jurídica. Según esto, los mecanismos de control que exigirá la Agencia Tributaria favorecerán a dar garantías adicionales para la inversión y ayudarán a incrementar el mercado de las divisas digitales dándole una mayor transparencia.
No hay que olvidar que el PSOE registró en junio una iniciativa en el Congreso para eliminar el dinero en efectivo de forma gradual. Y ya entonces, el ministerio de Montero planeaba rebajar de 2.500 a 1.000 euros los pagos en metálico, como plantearon, sin éxito, en 2019 y ante la queja de distintas patronales.
Por supuesto, todas estas medidas vienen acompañadas de dar un fuerte impulso a la inteligencia artificial, el big data y la minería de datos para hacer frente al fraude fiscal. En buena medida se trata de controlar las operaciones de las plataformas, sus clientes y el origen del patrimonio invertido.
Desarrollo y costes
La noticia positiva para aquellos reacios al control de sus criptomonedas por parte del Estado es que la implantación de esta medida aún tardará meses y su recaudación será a partir del año que viene, comentan las fuentes consultadas.
Y es que a pesar de ponerse en marcha el proceso, la norma prevé que el Banco de España cree un registro de plataformas de negociación y cambio de criptomonedas seis meses después de que ésta vea la luz, de nuevo, en el BOE.
A partir de ese momento, empezará a contar un plazo de tres meses más para que estas firmas comiencen a registrarse y enviar la información de sus clientes. Según las fuentes consultadas, Hacienda espera recaudar alrededor de 50 millones de euros, una cifra muy alta que defienden ante el auge del mercado.
Sin embargo, el Ejecutivo no tiene prisa, ya que no incluyó ninguna partida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021. La parte «mala», según los expertos consultados, podría venir con ciertos costes que podrían repercutir en los clientes, tales como la implantación de las herramientas del registro de las operaciones o aquellas que faciliten información para que el cliente pueda liquidar los tributos correspondientes.
Desde Hacienda insisten en que «todo está por ver» y evitan hablar sobre ello, «porque estamos trabajando todavía sobre unos planes iniciales», insisten.
