Guerrero, a la cárcel por los ERE de Andalucía

La magistrada Mercedes Alaya que investiga la presunta trama de prejubilaciones ilegales en varios expedientes de regulación de empleo (ERE) en Andalucía ha solicitado el ingreso en prisión sin fianza para el exdirector de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Francisco Javier Guerrero. Es el primero de los cerca de 50 imputados tras considerase que existe riesgo de fuga.

La Fiscalía Anticorrupción había solicitado el encarcelamiento de Guerrero por la influencia que podría ejercer en el resto de imputados. Los delitos que se le imputan podrían costarle hasta 18 años de prisión. 

Las acusaciones, representadas por la Junta de Andalucía, el Partido Popular, la organización Manos limpias y el sindicato UGT, han exigido una fianza para el exdirector de Trabajo de 933 millones.

El abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, ha salido en defensa de su cliente e insiste en que no existe riesgo de fuga y que, en el momento actual, «ya no se pueden destruir documentos».

La juez Alaya asegura que la provisional de Guerrero «viene motivada por la capacidad del mismo de acceder por sí o a través de terceros a fuentes de prueba ahora mismo externas a la Administración”. Además, en su posición anterior como director general de Trabajo “conoce a muchos personajes de interés en la presente causa, algunos de los cuales han estado trabajando a sus órdenes o en estrecha colaboración con él», añade.