Guerra en la cúpula de la UAB

El tijeretazo del president Artur Mas al presupuesto de las universidades catalanas se ha agravado en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). En la cúpula del campus de Bellaterra (Barcelona) “vuelan los puñales”, explican desde la sección sindical. Una situación que corrobora el profesorado e incluso los miembros del mismo rectorado, cuya división se escenificó el pasado jueves.

El vicerector de investigación, Joan Gómez Pallarès, dejó el cargo para preparar una candidatura que se enfrente a la actual responsable de la universidad, Anna Ripoll, quien ya ha avanzado las elecciones. Dos propuestas oficiales a las que “seguramente se sumarán otras independientes”, afirman las mismas fuentes del personal de administración y servicios (PAS).

Mientras los catedráticos preparan su estrategia para conseguir una silla en el máximo órgano de gestión de la universidad la próxima primavera, la situación de la caja del centro es cada vez más débil. En enero han pagado las nóminas sin retrasos, pero fuentes conocedoras del estado de sus finanzas aseguran que tendrán “muchas dificultades” para hacer el abono en febrero. Sobre todo si la Generalitat retrasa de nuevo parte de la transferencia mensual a la universidad. En setiembre y diciembre de 2011 sólo le pagó el 60% de la partida y, por el momento, no ha abonado el porcentaje pendiente.

Interventor

El presupuesto de 2012 de la UAB es de 298,4 millones de euros, 24 millones menos que el del año anterior. Ripoll ha empezado a negociar con el personal de la universidad cómo se aplica un nuevo plan de austeridad. Pero el ambiente preelectoral dificulta un avance rápido en este sentido. Para evitar una prolongación del proceso que comprometa su viabilidad, la presidenta del consejo social, Alícia Granados, anunció el viernes pasado que solicitaría a la Generalitat la designación de un interventor para fiscalizar las cuentas.

Se trata de un extremo que el equipo de gobierno de la universidad rechazó de frente al asegurar que ataca la base de la autonomía universitaria. Pero el portavoz de CCOO en la UAB, Juanjo Bravo, asegura que la intención de la rectora, a quien exige que dimita, es bien diferente: “Escenifica para culpar sólo a la Generalitat de los recortes que hará en la universidad”.

Mientras tanto, desde la secretaría de universidades reconocen que la situación económica de la UAB “es muy complicada” y aseguran que “no es una situación descartable” nombrar a un interventor a partir del 15 de febrero. Entonces, y si la mayoría del Parlament vota a favor, la figura del comisionado de cuentas de las universidades catalanas ya estará creada. Tal y como recoge una enmienda de la ley de acompañamiento presupuestario que se votará definitivamente en el plenario del 14 de febrero.

Excepcionalidad

Con el rechazo del equipo directivo de la UAB, la Generalitat tendría que actuar justificando la excepcionalidad de la situación. Los portavoces de la secretaría de universidades detallan que el Govern podrá designar a un interventor “si lo pide el rector y el consejo social o si la universidad está en riesgo de quebrar”. ¿Es la realidad de Bellaterra? “El 15 de febrero, si la ley pasa el trámite parlamentario, no es una situación descartable nombrar a un interventor”.

El consejo social guarda silencio. Ni siquiera la secretaria ejecutiva explica porqué solicitaron a la Generalitat que nombrara a un interventor antes de que se vote la ley. Aseguran que la única persona que puede justificar la decisión es Alicia Granados, pero la presidenta está de viaje fuera del país y no saben con exactitud cuándo regresará.