Guerra de CCAA por la financiación autonómica

Pese a no estar en el orden del día, varias comunidades aprovecharán la Conferencia de Presidentes de este viernes para exigir a Pedro Sánchez una reforma del modelo de financiación autonómica. Los distintos territorios plantearon hacer un «frente común» para presionar al Gobierno y, en especial, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero se han encontrado con la defensa de dos criterios distintos que divide a las comunidades.

La batalla campal entre comunidades se está perfilando a lo largo de esta semana. Todas ellas están en contacto para ver sus propuestas en materia de financiación autonómica que expondrán este viernes en Salamanca.

Según ha podido saber Economía Digital, predominan dos ejes bien diferenciados en función del criterio: el noroeste (Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla León) y, por otro lado, Andalucía, Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha.

Los primeros defienden que se atienda conforme al coste de la prestación de servicios por habitantes en la que es firme defensor el presidente cántabro Miguel Ángel Revilla.

«Si el modelo de financiación autonómica no prioriza el coste real de los servicios por encima del número de habitantes, como defiende la comunidad autónoma, no hay nada que hacer contra la despoblación rural», defiende Revilla.

La posición común de estos territorios defiende que el nuevo modelo tenga en cuenta el coste real de los servicios y que sea sensible a factores como el envejecimiento de la población, la dispersión o el gasto sanitario a la hora de llevar a cabo el reparto del dinero entre las autonomías, explican desde Asturias.

El criterio poblacional

Mientras que en Andalucía ya se han buscado, mediante reuniones, un frente común con Valencia al que se sumarían Murcia y Castilla-La Mancha para que prime el criterio poblacional, sin tener en cuenta condicionantes demográficos o geográficas de las diferentes comunidades autónomas, y que se garantice que quien más recauda sea también quien más recursos tiene.

Desde estas comunidades señalan que el desequilibrio que genera el actual modelo de financiación alcanza hasta el 45 por ciento entre las comunidades que más reciben y las que menos. «Y en plena pandemia, además, nos hemos encontrado con que los arbitrarios e injustos repartos de los fondos Covid han multiplicado por 4 estas diferencias territoriales», apuntan desde el gobierno andaluz.

Los de Juanma Moreno tienen las cuentas claras y destacan a ED que desde que se puso en marcha el actual sistema y tomando en cuenta sólo hasta el último ejercicio liquidado (es decir, entre 2009 y 2018), Andalucía ha recibido, según los datos de la Junta, 7.241 millones menos que la media tomando como referencia la población ajustada. Si se toma en consideración la población real, el déficit acumulado asciende a 11.810 millones de euros.

Por ello, tanto el gobierno andaluz (PP) como el Valenciano (PSOE, Compromís y Podemos) instarán a Sánchez este viernes a que una parte de la transferencia extraordinaria de 13.486 millones de euros para las autonomías en el año 2021 -y cuyo reparto se decidirá en el Consejo de Política Fiscal y Financiera- se destine a eliminar las diferencias de financiación por habitante ajustado de las regiones infrafinanciadas, igualando su financiación a la media de las comunidades autónomas.

Todo un grito en el cielo para los territorios del noroeste que se niegan a que el Gobierno apruebe dicha solicitud. Una vez asignada esta partida, el resto «debería distribuirse en proporción a la población ajustada», según explica la Consejería de Hacienda de Andalucía, que precisa que este mecanismo transitorio no debe aplazar una reforma que tiene que contemplar la suficiencia global del sistema, la compensación de la deuda vinculada con la infrafinanciación y un reparto más equitativo de los recursos.

Estos territorios también se han puesto de acuerdo para defender la necesidad de reservar un porcentaje del fondo Covid 2021 para crear un fondo de nivelación que permita a las comunidades más castigadas disponer de más recursos y reducir así la diferencia con el resto de regiones.

Tras la entente de este viernes, los presidentes autonómicos volverán a verse las caras, según explican a ED. Así, Juanma Moreno y Ximo Puig ya han apalabrado otra próxima cita para septiembre en Sevilla. El objetivo será detallar y «reafirmar unos principios fundamentales compartidos», como son la evidencia de la infrafinanciación de algunos territorios y la necesidad de que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades, destacan.

Puig se apunta a dos frentes

Lo curioso es que valenciano Ximo Puig se ha apuntado a dos frentes con distintas propuestas y comunidades. Si lo raro es la alianza con el PP de Moreno en Andalucía, lo más normal es el acuerdo al que se ha apuntado junto a Cataluña y Baleares para que quien más aporte tenga un mejor tratamiento a la hora del reparto de los fondos.

La propuesta se complementa con la petición de una «hacienda federal», formulada por el PSC, para elevar los recursos de Cataluña, Valencia y Baleares. Puig también ha mantenido una primera toma de contacto con el partido de Salvador Illa, aunque reconocen que la iniciativa «todavía se tiene que pulir mucho».

Se trata de una tercera vía en la que trabaja el líder del PSC sin dar muchas explicaciones sobre cuáles son sus objetivos principales, pero rechazando que sea igual que el concierto económico.

En general, los diferentes presidentes autonómicos han expresado sus quejas sobre que tan solo se les permita contar con cinco minutos de intervención para expresar sus peticiones. Y esperan, además, que las propuestas no caigan en saco roto porque no quieren la foto, sino que se les escuche y Sánchez las transforme en hechos reales.

Desde Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha avanzado que pedirá la intervención del Estado para que la fiscalidad diferenciada para luchar contra la despoblación. «Espero que no sirva para suplantar liderazgos de partidos políticos y que no se convierta en minutos de gloria para cada presidente, sino que sirva para sacar provecho lo más que se pueda», destacó.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ya tira la toalla lamentando que, con la reunión de la Conferencia de Presidentes, se va a asistir a «uno de los grandes espectáculos de este país», donde los mandatarios regionales acudirán a Salamanca «no solo diciendo unas cosas los de un lado y los de otro, sino es que ahora además introduce una nueva variable, y es que además de la ideológica, está la territorial».

Los presidentes del PP, entre ellos el murciano Fernando López Miras, recuerdan a Sánchez que existe un reglamento para este encuentro de 2017, donde se establece que estos encuentros deben de convocarse con una antelación mínima de 20 días y facilitar los documentos, cosa que «ni la una ni la otra se han cumplido», indicó. La semana se espera larga cuando no se quiere llegar a un consenso.