Guardias civiles piden el cumplimiento del 25% del castellano en las aulas catalanas
La asociación Jucil considera que, en el caso de los agentes destinados forzosos en Catalunya, la no implementación de la norma puede afectar a la conciliación familiar
Miles de manifestantes en la concentración convocada por Societat Civil Catalana en Barcelona bajo el lema «Ahora más que nunca, seny». Foto: EFE/AE
La asociación de guardias civiles Jucil ha pedido este martes el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) por la que se obliga que las escuelas catalanas impartan, como mínimo, un 25% de sus asignaturas en castellano.
Así lo ha anunciado el abogado y presidente de Convivencia Cívica Catalana, Ángel Escolano, una asociación que también se personará en la causa junto con Jucil y la entidad ‘Hablamos Español’.
La asociación de la Benemérita entiende que se ve legitimada a personarse en la causa debido a que la entidad sí tiene un interés particular en el cumplimiento de la misma. De hecho, aseguran que el que los hijos de los guardias civiles destinados «forzosos», es decir, que no han podido elegir su lugar de destino, no cumplan con el mínimo de horas lectivas en castellano puede afectar a la conciliación familiar.
Por otro lado, Escolano ha anunciado también que tanto ‘Convivencia Cívica Catalana’ como ‘Hablamos Español’ han presentado demandas individuales de padres para el cumplimiento de la sentencia y que están creando AMPAs alternativos a los existentes en las escuelas con el objetivo de velar por dicho 25%.
Dichas entidades también se consideran legitimadas a personarse en la causa y, además, junto a aquellos AMPAs afines, también buscarán el cumplimiento de la normativa impuesta en los tribunales.
«Si no se admite la legitimidad de nadie se crea un espacio de impunidad, es antidemocrático. No entendería que me digan que nadie puede ejecutar una sentencia firme porque la ley dice que la pueden ejecutar las partes o los afectados».
Finalmente, desde Jucil, su portavoz, Milagros Cívico, ha pedido a todas las familias que se vean afectadas que se registren en el TSJC como medida de presión y reclama una indemnización de 450 euros por cada trimestre en el que no se haya implementado la nueva norma lingüística.
