Granados era el cabecilla de la trama desarticulada de políticos y constructores

La trama en la que ha sido detenido el ex secretario general del PP Madrid Francisco Granados junto a otras 36 personas, y en la que han sido imputadas a 51, intervino y autorizó en los dos años adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales.

Estas actividades se desarrollaban al menos en ayuntamientos, diputaciones y administraciones de cuatro autonomías, Madrid, Valencia, León y Murcia, según ha informado la fiscalía. Las investigaciones apuntan que Granados era el cabecilla político de la organizzación, mientras que el constructor David Marjaliza era el conseguidor.

Una mordida del 3%

Al parecer, ayuntamientos, diputaciones e incluso organismos de comunidaddes autónomas amañaban los concursos para que fueran ganados por empresas que luego les pagaban el equivalente al 3% de importe de la contrata.

La filial española de la multinacional francesa Cofely podría haber acaparado la mayor parte de esos 250 millones –160 millones, apuntan algunas fuentes– contratados de forma irregular. Esta compañía, de la que Marjaliza era el principal valedor, está especializada en sistemas de ahorro energético.

Jueces, fiscales y guardias civiles

La operación Púnica, como se le ha denominado, está dirigida por el juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que dirige el magistrado Eloy Velasco, y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado. Las detenciones y los numerosos registros los está realizando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El comunicado emitido por la fiscalía habla de una «trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías en los que la connivencia de los ediles municipales y funcionarios, con empresarios de sociedades constructoras, obras y servicios energéticos, y el concierto venal con intermediarios y sociedades instrumentales, les han estado asegurando a aquellos el éxito en las adjudicaciones públicas, por un valor aproximado de 250 millones de euros tan solo en los dos últimos años y, como contrapartida, el cobro de comisiones ilegales, a costa de las haciendas municipales y autonómicas».

Desde Suiza

La investigación se inició gracias a la cooperación internacional, en enero de este año con la recepción de una comisión rogatoria de las autoridades suizas «por sospechas graves de blanqueo», que fue el origen de una investigación de la Fiscalía Especial, liderando un trabajo conjunto con la AEAT e IGAE y UCO de Guardia Civil, «quienes pudieron presentar en un plazo breve una detallada querella ante la Audiencia Nacional, que incoo diligencias en junio de este año».

En concreto a la trama se le imputan los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la administración y organización criminal.

Recuperación de las ganancias

La macroperación desplegada este lunes tiene por objeto «la detención de los sospechosos, la adopción de las medidas cautelares para asegurar la recuperación de los productos y ganancias del delito y las responsabilidades civiles derivadas de estos».

Además de los 51 imputados y las 37 detenciones en las citadas provincias, se han practicado 259 mandamientos a registros de la propiedad con peticiones de anotaciones preventivas de prohibiciones de disponer, vender, gravar o enajenar de las personas físicas y sociales investigadas en aras de iniciar las acciones de recuperación de activos.

Además se han ordenado 400 mandamientos dirigidos a entidades bancarias y compañías aseguradoras acordando los bloqueos de cuentas corrientes, valores, y cualquier otro producto con la prohibición expresa de realizar cualquier movimiento de fondos. Por ultimo, se han dictado también 30 embargos preventivos de Vehículos de alta gama de los principales investigados.