Granados abrió la puerta de los juzgados a los traductores sin formación
El ex dirigente del Partido Popular, encarcelado por la Púnica, justificó contratos a una empresa sin experiencia por haber ofrecido la oferta más barata
Los traductores judiciales que no son licenciados y que no dominan idiomas iniciaron su recorrido en la justicia española en los tiempos en los que Francisco Granados, cabecilla de la Púnica, era consejero de la presidenta Esperanza Aguirre y dirigía la consejería de Justicia.
El gobierno de la Comunidad de Madrid decidió vaciar de traductores los juzgados de Madrid antes de entregar el servicio a la empresa privada Seprotec, que contrata a traductores e intérpretes sin comprobar su titulación ni sus conocimientos del idioma.
Un periodista de Economía Digital se hizo pasar por un candidato a traductor y fue contratado como intérprete de árabe por la compañía y hasta fue asignado como intérprete a un juicio por delitos menores, pese a no saber ni una sola palabra de ese idioma. La investigación periodística desveló que las empresas que ofrecen servicios de traducción e interpretación a los juzgados y a la policía contratan a cualquiera sin comprobar la veracidad de su currículum ni sus conocimientos lingüísticos.
Los más baratos
El polémico servicio fue promovido nada menos que por el PP de Francisco Granados. El segundo de Esperanza Aguirre tuvo que justificar en 2010 la adjudicación del contrato de traductores e intérpretes de la periferia de Madrid a una entidad sin experiencia en el sector: la Asociación Española de Peritos Tasadores Judiciales (AEPTJ).
El presidente de la entidad, Castor Iglesias, elaboró un peritaje que terminó por exculpar al personal de confianza de Granados en la trama de espionaje del Partido Popular investigada en los juzgados. Granados desmintió que la contratación se debiera a un trato de favor de la empresa que lo exculpó y explicó que la entidad realizó la oferta más económica.
El juez Eloy Velasco solicitó los contratos de interpretación con esta entidad para incluirlos en la investigación de la trama Púnica, según han explicado fuentes judiciales.
Quejas del PSOE y los sindicatos
Desde la llegada de los traductores de las empresas externas, tanto jueces como secretarios y profesionales judiciales se quejan del bajo nivel de algunos de los traductores e intérpretes contratados por las empresas externas.
El Partido Socialista pidió a la Comunidad de Madrid que garantice que los traductores e intérpretes contratados para trabajar en los juzgados tengan conocimientos acreditados.
«Es necesario exigir titulaciones específicas, experiencia acreditada, a través de un procedimiento de contratación del personal que permita comprobar los conocimientos de los candidatos. Si no se hace de esta manera, nos podemos encontrar con sorpresas desagradables que no hacen sino perjudicar los derechos de los ciudadanos y malgastar el dinero invertido en estos servicios», explica la diputada socialista y juez en excedencia Pilar Llop.
El sindicato SCIT ha denunciado que la falta de intérpretes cualificados y la contratación de cualquier tipo de traductores vulnera las garantías básicas de quienes se enfrentan a un juicio.
La queja también es compartida por los sindicatos Comisiones Obreras, Somos Sindicalistas y la Plataforma por la Municipalización de los Servicios Públicos. Todos piden que estos servicios esenciales regresen a la gestión pública.
