El gran consenso judicial se queda a medias: PSOE y PP no avanzan en el CGPJ
El PP espera que la crisis del PSOE con Podemos sea irreversible para que Sánchez ceda y se renueve el Poder Judicial
El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) y el líder de la oposición, Pablo Casado (d) / EFE
PSOE y PP se van de puente y ponen punto muerto a las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). «No hay ningún cambio en las posiciones», señalan a Economía Digital fuentes de las dos formaciones. El órgano de gobierno de los jueces se encamina a los tres años de bloqueo ante la imposibilidad de hacer nombramientos discrecionales estando en funciones. Los magistrados observan con preocupación que en diciembre habrá hasta 60 plazas en la cúpula judicial sin cubrir si Gobierno y oposición no se ponen de acuerdo.
En el PP se muestran confiados con que, finalmente, Pedro Sánchez ceda y acabe aceptando su propuesta de modificar la elección de los jueces. «Lo importante es que el sistema garantice que los jueces elijan a los jueces de forma directa», insisten desde las filas populares.
La promesa de los socialistas pasa por comprometerse a realizar dicha reforma pero más adelante y los de Pablo Casado desconfían de las «buenas intenciones» del presidente del Gobierno. Sin embargo, el choque en el Ejecutivo de coalición entre PSOE y Podemos podría haber cambiado las cosas, según los populares.
Podemos ha sido uno de los principales obstáculos en el acuerdo entre los dos principales partidos. El PP lo ha puesto como excusa para no pactar, mientras que Sánchez ha justificado su inmovilismo ante las exigencias planteadas por los populares.
Con la coalición en crisis y ante la perspectiva de que tarde o temprano ambos partidos tendrán que distanciarse para ponerse en modo electoral, los populares creen que a los de Sánchez les sale a cuenta desbloquear el Poder Judicial y venderlo como triunfo en campaña.
Los de Pablo Casado insinúan que el Gobierno busca el momento preciso para hacerles el guiño y se pliegue ante la modificación del sistema de elección de los jueces, a sabiendas de que puede que puede que no dé tiempo ni consigan los votos suficientes para sacar adelante esa modificación legal. Por lo pronto, el resto de partidos tira la toalla con un pacto y, en privado, comentan que esta legislatura «ya no habrá acuerdo» respecto al CGPJ.
Los de Pablo Casado descartan definitivamente alcanzar un pacto para la renovación del CGPJ antes de que se vote en el Congreso de los Diputados la designación de los nuevos integrantes del Defensor del Pueblo y del Tribunal de Cuentas.
La previsión, en estos momentos, es que los nombres pactados por PSOE y PP para ambos organismos sean ratificados en el pleno del Congreso del próximo 11 de noviembre. A pesar de que quedan más de dos semanas para esa fecha, en Génova no ven margen para alcanzar un acuerdo con el Gobierno para el CGPJ.
El CGPJ pasa a la ofensiva
Por su parte, la preocupación entre los jueces aumenta cada día que pasa sin haber acuerdo. Y ante esta imposibilidad, el CGPJ ha pasado a la ofensiva esta semana asumiendo, con carácter extraordinario, las competencias de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central, ante el pase a la situación administrativa de reserva de su auditor presidente, Carlos Melón Muñoz.
Sin la reforma del Ejecutivo que limitó sus funciones cuando los miembros estén con el mandato caducado, se nombraría a otra persona en su lugar y la Sala de Gobierno seguiría su labor habitual, pero ante las presentes circunstancias ha decidido asumirlo el órgano de gobierno de los jueces.
Como advertencia de lo grave que puede ser la situación, el órgano de gobierno de los magistrados también informa de los nombramientos discrecionales pendientes que son ya 48, de los que 42 corresponden a la jurisdicción ordinaria y 6 a la jurisdicción militar.
La cifra aumentará a los 57 a 31 de diciembre de 2021 -51 en la jurisdicción ordinaria y 6 en la jurisdicción militar-, según el informe del que el presidente del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, ha dado cuenta este miércoles a la Comisión Permanente.
Esta situación en la cúpula de órganos judiciales tiene una traducción muy gráfica en el Tribunal Supremo: de prolongarse esta situación, implicará que en este tribunal se dicten «aproximadamente 1.000 sentencias menos al año entre todas las salas» y se incrementarán los retrasos en los tiempos de respuesta, según un informe del gabinete técnico.
Bruselas sigue pendiente
En Bruselas también siguen pendientes de las negociaciones entre el Gobierno y la oposición, mientras siguen recibiendo las quejas de las asociaciones judiciales.
El comisario de Justicia de la UE el 20 de septiembre de 2021 ya urgió una «reforma profunda» de la elección del CGPJ tras reunirse con las cuatro asociaciones judiciales
Asimismo, la Comisión Europea, en su informe sobre el Estado de derecho en 2021, denunció de forma clara y reiterada lo que constituye un hecho notorio en nuestra sociedad: que la situación actual hace necesario que sean sus homólogos quienes designen a los jueces miembros.
La mitad de los jueces, más de 2.500 jueces, el 6 de abril de 2021 dirigieron un escrito a la Vicepresidenta de Valores y Transparencia y al Comisario de Justicia de la Comisión Europea denunciando la situación de la independencia judicial en España.
En el mes de octubre de 2020, el CGPJ hizo pública la encuesta de Metroscopia señalando que el 90% de los jueces considera que es imprescindible volver al sistema mixto de elección del CGPJ.
«Recordamos que el Gobierno a través del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha rechazado la exigencia que hace la Comisión Europea y el Consejo de Europa para que los jueces elijan a los vocales del CGPJ y aboga por mantener el control político del CGPJ», señalan desde Foro Judicial Independiente.
«Urge la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) cumpliendo las exigencias del Consejo de Europa, de la Comisión Europea, de los más de 2.500 jueces y, especialmente, de los ciudadanos que observan atónitos cómo el Gobierno hace oídos sordos a Europa y mantiene un sistema que compromete seriamente la separación de poderes en nuestro país«, zanjan desde la asociación.
Los magistrados anticipan que la dilación en el acuerdo pasará factura a la ciudadanía y también a los propios jueces, mientras PSOE y PP deshojan la margarita electoral sobre un acuerdo que, según ambas partes, «sigue lejano».
