El Govern oculta cómo ha pagado medio millón a Roures por los documentales del procés en TV3
Meritxell Budó obvia los ruegos para que aclare si transfirió a la televisión pública los 440.000€ con los que compró la serie-documental del 'procés'
Captura de la cabecera de ‘El Judici’, el documental de Mediapro para TV3 sobre el judicio del ‘procés’ / CCMA
El polémico documental El Judici de Mediapro ha llegado hasta la sesión de control del Parlament de este jueves. La diputada del PSC Beatriz Silva ha exigido al Govern que aclare de dónde salen los 440.000€ para pagar la serie de ocho capítulos. «El director en una de las últimas comisiones de control de la CCMA nos dijo que nuestra televisión pública no tenía recursos».
Pese a que Vicent Sanchis aseguró que no había dinero, Silva ha lamentado que TV3 «los ha comprado, los ha emitido», pese a que su contenido «no responde a la pluralidad ni al pluralismo informativo». La diputada socialista lo ha ejemplificado con el último capítulo, donde la única voz crítica con los encausados solo contó con ocho segundos de voz.
Silva ha recordado los audios entre David Madí y Pilar Rahola, donde se hablaba del mercadeo político de Junts en TV3, y donde ambos especulaban sobre la manera para presionar a Sanchis para que accediera a la compra. La diputada quiere saber de dónde sacó la televisión pública esa cuantía, «que no ha pasado por los canales de adjudicación».
440.000€, «muchísimo dinero que TV3 ya ha abordado de todas las formas posibles»
La portavoz del Ejecutivo en funciones, Meritxell Budó, ha obviado las preguntas, y se ha enfrascado en un debate sobre el presunto respeto de la Generalitat a la televisión pública. «Al Govern le corresponde que nuestro modelo se basa en: independencia, profesionalidad y pluralidad».
Silva ha querido insistir en que 440.000€ es «muchísimo dinero que se ha gastado en un tema que TV3 ya ha abordado de todas las formas posibles». La diputada del PSC ha insistido en si el Govern lo ha financiado con dinero público, puesto que –tal y como publicó Economía Digital– ya usó el fondo Covid para hacer aportaciones extraordinarias a los medios públicos.
Un documental marcado por acusaciones de parcialidad
«No minimicemos el trabajo que hay en este documental, recogiendo dos años de investigaciones, dos años de trabajo, 52 sesiones de vista oral, 30 entrevistas realizadas. Quiere aportar las claves jurídicas de un juicio que continúa siendo noticia hoy y siendo generador de noticias», se ha limitado a responder Budó.
La polémica con este documental empezó por su elevado coste. Mediapro pretendía que TV3 lo comprara por el doble de su precio actual: 800.000€. La adjudicación violentó al sector audiovisual, que pidió transparencia a Vicent Sanchis para evitar que siempre las mismas productoras se queden con prácticamente todos los recursos de las externalizaciones.
Aunque TV3 defiende que este documental se ajusta a los principios de pluralidad, su clara posición de parte a favor de los encausados ha generado polémica. Además, la televisión pública tiene un criterio distinto con otros documentales de autor o parte, puesto que solo emitió el documental Federal tras las quejas de Federalistes d’Esquerres, aunque relegado al Canal 33.
