El Govern defiende la «vigilancia» del «bilingüismo social» en el impulso de su política lingüística

«Una nueva etapa para una política lingüística más ambiciosa». Así ha defendido la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, el inicio del proceso que culminará en el Pacto Nacional por la Lengua (PNL). La Generalitat ha reconocido que el «multilingüismo» no es un problema para el catalán, aunque a la vez que ha alertado que el «bilingüismo social» es «inestable» y requiere «vigilancia».

La consellera ha asegurado que el modelo lingüístico surgido de los años ochenta fruto del consenso de la época da «síntomas de agotamiento», y propone nuevas políticas sin entrar en el «alarmismo», al defender que la lengua cuenta con varias debilidades, pero también con distintas ventanas de oportunidad.

«Somos la lengua sin Estado más potente de Europa, y somos un ejemplo para el resto de lenguas minorizadas», ha defendido Garriga, pese a chocar con el discurso alarmista de los últimos meses. El secretario de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, sin embargo, ha criticado la «oficialidad limitada» y lo ha ligado al debate sobre el reconocimiento en la Unión Europea.

El máximo responsable de la política lingüística de la Generalitat ha puesto de ejemplo al gaélico irlandés, que se ha convertido en lengua oficial de la UE pese a que su número de hablantes es infinitamente más bajo. El catalán, sin tener ese reconocimiento y en su contexto actual, mantiene un estatus de lengua mediana con 10 millones de hablantes.

«Quien no hablaba catalán sigue sin hacerlo»

Pese a la polarización política en relación con la normalización de la lengua –que Vila ha invitado a abandonar para construir el nuevo consenso– niegan que esta situación haya producido cambios de comportamiento lingüístico a nivel de los hablantes, y citan datos propios: «Quien no hablaba catalán sigue sin hacerlo».

La Generalitat también ha asegurado que el supuesto declive del catalán responde a lógicas de tipo «demográfico, socioeconómico, tecnológico, cultural e ideológico». Además, aseguran que pacto está abierto a todos los partidos, siempre que asuman tres premisas: la «unidad de la lengua», compartir que la situación es «complicada» y trabajar para «revertirlo».

Más allá de los dos partidos que forman la coalición de Govern, Garriga también ha tenido fluidas conversaciones con la CUP, Catalunya en Comú, y también con el PSC. La consellera se ha mostrado optimista con llegar a sumar a los socialistas, pese su defensa del cumplimiento del 25% y la voluntad de flexibilizar el modelo de inmersión lingüística.

Para reforzar la idea del consenso político, Garriga ha recordado que el Pacto Nacional por la Lengua es una propuesta que salió adelante en el Parlament con el 85% de los votos: PSC, ERC, Junts, CUP y Catalunya en Comú dieron su apoyo a que se constituyera este órgano que debe abordar la situación actual del catalán y establecer un nuevo marco para su normalización.

Los resultados de este trabajo elaborado por expertos se darán a conocer el mes de febrero, cuando se presentará el documento base del Pacto Nacional por la Lengua en un acto presidido por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. A partir de entonces se abrirá el proceso participativo a entidades y ciudadanía para añadir sus aportaciones.

Máxima polarización política

El pacto echa a andar con la voluntad de agrupar el máximo consenso posible pese a la polarización política consecuencia del procés. «La lengua es para todos, y todos la podemos utilizar y querer, como siempre ha pasado en Cataluña», ha defendido la consellera Garriga en la rueda de prensa.

La voluntad de reforzar el nuevo consenso lingüístico aparece en un momento de máxima polarización política. La Generalitat bordea la desobediencia con la sentencia de la inmersión que obliga a impartir un mínimo de un 25% de castellano en las aulas de Cataluña. Una posición que solo interpela a los partidos independentistas y los Comunes.

Los socialistas, que han mostrado disposición a sumarse al Pacto si se tienen en cuenta sus premisas, defienden que el fallo judicial del TSJC se cumpla y parten de una posición que se basa en la «convivencia lingüística», que normalice el catalán sin que eso suponga una exclusión forzosa del español.