El Govern chantajea a Pedro Sánchez con el Tribunal de Cuentas
El Govern advirtió a Moncloa que las relaciones y futuras negociaciones con Cataluña podrían verse afectadas si el Gobierno plantea un recurso al plan de Giró
Pedro Sánchez y Pere Aragonès en una reunión en Moncloa. EFE
El Gobierno de Pedro Sánchez tiene en su mano la estocada final al fondo del Govern para pagar al Tribunal de Cuentas, si plantea un recurso de inconstitucionalidad. Sin embargo, esta opción se aleja después de que el Govern, según ha podido saber Economía Digital, advirtiera a Moncloa que las relaciones y futuras negociaciones con Cataluña «podrían verse afectadas» por esta decisión.
La ministra de Hacienda y exportavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró que el Ejecutivo estudiaría «la legalidad del decreto de creación del fondo» y el PSC se encargó, posteriormente, de asegurar que veían correcto el decreto planteado por el Govern sin todavía tener en sus manos el informe del Consejo de Garantías Estatutarias que solicitaron.
Este miércoles se acaba el plazo dado por el órgano fiscalizador y, aunque el conseller de Economía, Jaume Giró, no ha encontrado banco, el mecanismo no muere; la permisividad de Sánchez le da vida.
Los 34 ex altos cargos del Govern garantizarán la fianza con su patrimonio personal, a lo que se sumará el millón de euros recaudado por la llamada ‘caja de solidaridad’ independentista. El Tribunal de Cuentas les reclama 5,4 millones de euros de fianza más las multas impuestas personalmente que cada dirigente deberá asumir.
El Govern no ha encontrado ninguna entidad financiera que avale estas cantidades, pese a que desde la consejería de Economía han trabajado a contrarreloj contactando, incluso, con tres bancos en las últimas horas. El consejero Jaume Giró descartó este martes el contraaval del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), tal y como explicó desde un principio, porque no quería exponer a sus miembros al miedo ante posibles llamadas a posteriori de la Justicia.
Los expertos consultados por ED señalaron que este posible contraaval podría encuadrarse en un posible fraude de ley y desde la Generalitat han decidido no arriesgar y no comprometer a los profesionales de la entidad. Curiosamente, se trata del mismo organismo que la CUP solicita hacer de él un banco público para apoyar los nuevos presupuestos catalanes. Algo que sigue generando tensiones en el Govern, ya que dependería de la decisión final del BCE.
El Govern busca ganar tiempo
Desde la Generalitat buscan ganar tiempo con el fallo del Tribunal de Cuentas. Los abogados de algunos de los encausados se plantean presentar alegaciones ante el este órgano, lo que podría permitirles ganar unos días para depositar las fianzas, mientras el Govern sigue buscando una entidad bancaria que se preste a través del Fondo Complementario de Riesgos creado por el ejecutivo catalán.
El consejero de Economía de la Generalitat aseguró, tras la reunión del Govern este martes, que hay tres motivos fundamentales para que no haya todavía un resultado satisfactorio: «Primero, por la falta de tiempo. Un tema de este calado necesita varias semanas para materializarse y nosotros aprobamos el decreto hace tan solo dos semanas. Por tanto, no ha habido tiempo», señaló.
«En segundo lugar, el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) emitirá su informe sobre el decreto ley el próximo 29 de julio. Nosotros estamos convencidos de que sus parámetros se ajustan al Estatut y a la Constitución, pero hay que esperar a ver qué dice el CGE. Y, en tercer lugar, ha habido demasiado ruido mediático y estas operaciones han de cerrarse con una total discreción», continuó para seguir ganando tiempo a la respuesta del órgano fiscalizador.
