El Govern activa el plan B ante el previsible veto al ICF
El Govern sigue con la búsqueda de un banco privado porque no ve claro que el Tribunal de Cuentas dé luz verde al ICF
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el expresident Carles Puigdemont, en una rueda de prensa en Waterloo. Foto: EFE/ Horst Wagner
La Generalitat no tira la toalla y continúa en la búsqueda de un banco que avale las fianzas de los líderes del procés. Ante las sospechas fundadas en Derecho de que el Tribunal de Cuentas pueda tumbar el aval del Institut Català de Finances (ICF), desde la Consejería de Economía activan el plan B.
En el Govern se muestran convencidos de que el informe del Consejo de Garantías Estatutarias, que se conocerá el próximo 29 de julio, será favorable y avalará el mecanismo ideado por la Generalitat para sufragar las fianzas de sus 34 ex altos cargos.
Desde la Consejería de Economía desvelan que esta podría ser la baza para que se animasen las entidades bancarias a avalar a los líderes del procés, en caso de que el Tribunal de Cuentas tumbase el aval del ICF. El Govern lo volvería a intentar, esta vez con una entidad bancaria que hiciera de contraavalista, en lugar del ICF.
El problema, tal y como publicó ED, es que ningún banco hasta el momento ha querido dar el paso y prestarse a ser el intermediario entre la Generalitat y el Tribunal de Cuentas.
Según desvelan fuentes conocedoras de estas conversaciones, las principales entidades catalanas se han disculpado rechazando participar ante una más que posible «crisis reputacional». Sin embargo, desde el Govern señalan ahora que con el respaldo del Consejo de Garantías Estatutarias sí podrían tener la colaboración de un banco para ser el contraavalista.
El Tribunal de Cuentas se inclina por rechazar el aval
En el Tribunal de Cuentas no tienen nada claro que el actual mecanismo presentado por la Generalitat vaya a ser aprobado. De hecho, las fuentes consultadas por ED aseguran que «hubiera tenido más posibilidades de salir adelante con el aval de una entidad bancaria», tal y como se planteó inicialmente el Govern.
Asimismo, insisten en que hay que tener en cuenta que la Abogacía del Estado no va a presentar demanda, tras considerar que incurre en falta de legitimación activa al entender que el perjuicio se causó a la Generalitat.
El independentismo también se escuda en el tiempo para buscar soluciones y es que si el aval del ICF fuera rechazado, el propio organismo lo podría recurrir, así como los encausados.
Y, por otro lado, si el tribunal lo aceptase, sería la parte contraria, los que ejercen la acción popular, como Sociedad Civil Catalana o Abogados Catalanes por la Constitución, quienes ya han dado por hecho que plantearán un recurso para impugnar la decisión.
Se da por hecho que la Generalitat no va a tirar la toalla. Tal y como explican fuentes del ejecutivo autonómico, «existen muchas fórmulas todavía» para evitar que los encausados respondan directamente con sus bienes.
Cuatro de los investigados ya lo han hecho este jueves al no querer acogerse desde un primer momento al ICF. «También son los que menos cuantía tenían de fianza», señala uno de los abogados sin querer desvelar sus nombres.
Desde el Tribunal de Cuentas aclaran que tras estudiar los avales, la juez instructora podría no aceptarlos y ejecutar el embargo o todo lo contrario.
Estas fuentes recuerdan que tanto las fianzas como los embargos son medidas cautelares hasta que haya sentencia firme, es decir, no significa que no implica que el afectado pierda los bienes de manera inmediata, sino que es una medida cautelar cuyo objetivo es garantizar que una futura sentencia condenatoria los perjuicios que se han producido en los fondos públicos sean reintegrados.
La última decisión recaerá en la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas formada por tres magistrados, dos de ellos elegidos por el PSOE y una juez por el PP. Hasta entonces, el independentismo seguirá buscando entidad bancaria por si fallase el plan inicial. Desde la Consejería de Economía se muestran optimistas y aseguran que lo tendrán.
