Goldman Sachs paga 2.000 euros a cada okupa de un edificio de Vallecas

El fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas en Madrid, promovido por tramas de delincuencia organizada, se ha convertido en un serio problema de orden social y su incidencia va en aumento, ante la poca celeridad con la que, hasta ahora, la justicia está actuando.

Se calcula que hay más de 1.000 pisos ocupados en Madrid por estas bandas que cobran a estos inquilinos entre 200 y 300 euros por un alquiler mensual y hasta 3.000 euros en el caso de que vendan la propiedad de la casa ocupada, según un informe elaborado por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Fravm).

«Las fechas de los lanzamientos no llegan», se quejan desde Encasa Cibeles, la empresa gestora de Goldman Sachs, cuyos inmuebles en el Ensanche de Vallecas han concentrado buena parte de la polémica en las últimas semanas.

El problema está ahí. No hay más que comprobar el estado lamentable en el que se hallan algunos de estos inmuebles, pero la solución no resulta fácil. «Se mezclan inquilinos de todo tipo, viviendo en un mismo piso menores con delincuentes, haciendo muy difícil el desalojo. Lo tienen todo perfectamente organizado», lamentan desde la filial del fondo estadounidense.

Mezcla de delincuencia y vulnerabilidad social

Si ya de por sí resulta complicado llegar al lanzamiento de los ocupantes ilegales, si media la problemática de vulnerabilidad social –como la residencia de menores en los inmuebles o mujeres maltratadas–, el asunto se complica enormemente.

Desde Encasa Cibeles aseguran que están haciendo todo lo posible para acabar con  el problema. «No nos gusta tener los edificios así», aseguran, para, a renglón seguido, señalar que ya no pueden tomar más medidas de las que ya han tomado. «Ponemos los buzones nuevos por la mañana y por la tarde ya los han arrancado», exponen como ejemplo gráfico de lo que está sucediendo.

Recelos de los vecinos

Una postura de colaboración para atajar este fenómeno por parte de esta empresa –que acaba de solicitar una reunión con la Delegación del Gobierno– que, no obstante, sigue suscitando recelos por parte de las asociaciones de vecinos.

Creen que no han puesto todo el empeño en evitar esta situación, convirtiéndose, queriendo o no, en cómplices de los delincuentes. «Si hubieran querido y la empresa de seguridad hubiera hecho su trabajo, no hubiera entrado nadie en los pisos», asegura un portavoz vecinal.

Juicios rápidos y medidas cautelares

Ante la presión de los afectados, las autoridades parecen querer tomar cartas en el asunto. A raíz del informe elaborado por la Fravm, esta misma semana, tras una reunión entre la Delegación del Gobierno y la Fiscalía, se ponía sobre la mesa la toma urgente de medidas, que pasaría por identificar los edificios usurpados, promover la pronta denuncia de los propietarios, impulsar los juicios rápidos y la petición de medidas cautelares por parte de la Fiscalía para obtener el desalojo inmediato de los ocupantes.

Además de estas medidas, desde Encasa Cibeles apuntan otra. «Si en lugar del goteo de lanzamientos que se está dando, se agruparan 20 o 30 en un mismo día, resultaría todo mucho más eficaz», explican.

Salida negociada de los ocupas

Mientras se activan las medidas judiciales, la gestora de Goldman Sachs, ante el impacto mediático que está adquiriendo el tema, ha empezado a activar su propia estrategia para forzar la salida de ocupantes ilegales de sus viviendas. 

Unos, porque estaban a punto de ser desalojados tras recibir la notificación del juzgado para proceder al lanzamiento. Y otros, con los que Encasa Cibeles ha pactado la salida a cambio de una cantidad.

«En febrero, en dos o tres semanas, de la noche a la mañana desaparecieron los ocupas«, asegura una de pocas vecinas que siguen residiendo en uno de estos edificios afectados por los negocios de estas tramas organizadas.

2.000 euros para hacer la mudanza

La celeridad de este desalojo, además de por la inminencia del lanzamiento, se relaciona con el pago de hasta 2.000 euros a cada ocupante ilegal de los pisos, tras la negociación llevada a cabo por Alteba, la empresa contratada por Encasa Cibeles para ejercer de mediadora social con los inquilinos.

El pago ha sido confirmado por la propia empresa gestora, con el argumento de que, en ocasiones, como parte de esa estrategia mediadora, se abona una cantidad para que la gente haga la mudanza.

Desde la Fravm, su presidente, Enrique Villalobos, se pregunta por qué Encasa Cibeles no ha procedido a acometer mucho antes estas salidas pactadas, con lo que se hubieran evitado las graves situaciones de convivencia que se han vivido entre los vecinos.