El Gobierno hace el vacío al PP con el plan energético: «No nos han llamado»

Las discrepancias que el Partido Popular ha hecho públicas sobre el decreto de ahorro energético del Gobierno no han hecho más que sumarse a una relación que más que fría, es gélida, entre las dos principales organizaciones políticas de España. Los mensajes públicos que lanzan dirigentes de una y otra formación, cada vez más graves, más hondos, no son pura fachada: detrás, sin focos ni cámaras, tampoco.

Una vez saltó la liebre, la principal reclamación de las comunidades autónomas, comenzando por la Comunidad de Madrid, es que todo se había gestado sin contar con su participación, dado que las medidas colisionan con las competencias que tienen estas administraciones. Eso es, de hecho, el motivo por el que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha decidido recurrirlo ante el Tribunal Constitucional, como adelantó en primicia Economía Digital.

Sin embargo, nada. Según ha podido saber este periódico de fuentes de Génova, no ha habido ningún otro contacto entre PSOE y PP. «No nos han llamado», aseguran los populares. «Las medidas adoptadas afectan directamente a las competencias autonómicas y locales. Deberían debatir con ellos».

Qué defiende el PP

El PP, tal y como ha podido testar este periódico, sostienen que el primer representante público en nuestro país en «abrir antes que nadie la posibilidad de adoptar medidas de ahorro energético» fue su presidente, Alberto Núñez Feijóo, «pero dijo textualmente que eso debería debatirse con las CCAA». «Él hizo propuestas más concretas, que son el tema de las nucleares y otras medidas», alegan.

También se refirió Feijóo sobre regular la temperatura, «pero jamás habló de 27 grados ni concretó nada». «Dijo que se debería abrir un debate con las CCAA, entidades locales y agentes sociales y económicos», defienden. También sostiene que no se han hecho públicas para dejar espacio al «debate», si sucede. «Jamás las hemos detallado para debatirlas», explican las fuentes populares.

Al mismo tiempo, el PP ha anunciado la solicitud al Gobierno de todos los informes que han dado lugar a la aprobación del real decreto ley de ahorro energético.

Moncloa lo fía a ERC y PNV

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene que pasar ahora por otro trámite clave: la convalidación en el Congreso del real decreto-ley. Al haberse legislado mediante esta vía, el Ejecutivo consigue que se pongan en marcha las medidas antes de que la Cámara Baja le dé su aprobación y, si no, caerá. Pero el reloj comienza a correr: ha de aprobarse -o rechazarse- antes de 30 días naturales desde su publicación en el BOE y la fecha límite para hacerlo es a final de mes.

Sin el PP, el PSOE necesita el apoyo de sus socios nacionalistas, el PNV y ERC, que, desde sus respectivas autonomías, el País Vasco y Cataluña, han criticado la manera de proceder del Gobierno, pero que no se cierran a darle el visto bueno una vez comience la tramitación parlamentaria, según han afirmado fuentes de ambas formaciones a Economía Digital.

Sin ellos, no suman lo suficiente para tener luz verde. Ambos partidos nacionalistas se han esmerado en remarcar que, al menos, las comunidades autónomas «pueden hacer propuestas» para incorporar al texto hasta el 31 de agosto. Así, está la negociación abierta.

El PP, abierto a negociar

Según desveló El Español, el Gobierno informó a todas las comunidades autónomas y la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) sobre los planes de ahorro energético. Ninguna administración envió propuestas ni objetó nada.

Los contactos de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica fueron previos y posteriores a la publicación del real decreto-ley, que se anunció el día 1 de agosto. Cuatro días antes, el 28 de julio, Ribera reunió primero a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente y luego la de Energía. La ministra también mantuvo dos encuentros con los portavoces parlamentarios para informarles de cuál era la situación los días 19 y el 27 de julio.

Ante todo el revuelo creado, en las últimas horas, los encuentros se volvieron a repetir. En esta ocasión además de Ribera y los consejeros autonómicos de Medio Ambiente, también participó la ministra de Industria, Reyes Maroto, y los representantes de las comunidades de ese ramo. En esta ocasión fue para «resolver dudas», pero las críticas ya no sólo se circunscribieron a las regiones gobernadas por el PP, sino que se sumaron otras, como Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana o Canarias, según ha podido saber este periódico.

El Gobierno no ha querido contestar a las consultas sobre esta cuestión que este periódico les ha hecho en reiteradas ocasiones por las vías oficiales. Ribera, en una entrevista radiofónica este martes, lamentó la postura de los populares. El PP, cuestionado precisamente por este extremo, no supo explicar por qué su organización no aportó medidas alternativas ni planteó ninguna crítica cuando Ribera se reunió por con los consejeros autonómicos, aunque se mostraron abiertos a la negociación si se «corrigen medidas inútiles», dado que el real decreto-ley tiene que ser convalidado.

«El ahorro de energía es vital»

Pero el compromiso con Bruselas es irrevocable. España tiene que reducir su consumo de energía un 7% de aquí a noviembre de 2023. Lo ha recordado la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen. En un tuit, celebra que varios países de la Unión Europea estén aplicando ya planes del «vital» ahorro energético que precisa la UE para garantizar el abastecimiento cuando llegue la estación fría. «El ahorro de energía es vital para la seguridad energética de Europa».

Von der Leyen señaló que el plan comunitario de emergencia «para reducir la demanda de gas en toda la UE ya está en vigor», y agregó que «varios Estados miembros ya han tomado valiosas medidas voluntarias» para lograr el objetivo conjunto de reducir el consumo de gas en al menos un 15 %.

El posicionamiento de presidenta del Ejecutivo comunitario llega cuatro días después de que el Consejo de la UE aprobara el plan de ahorro voluntario de gas entre los Veintisiete para hacer frente a la posible escasez el próximo invierno, en un contexto bélico en el que Rusia ha cortado total o parcialmente el suministro a doce Estados miembros.