El Gobierno busca tensionar la Junta de Ferrovial para evitar efecto llamada en el Ibex
Moncloa quiere que los accionistas tengan "toda la información" para dar decidir y niegan tajantemente que hayan contactado con algunos de ellos
El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino I EFE
Apenas faltan unas horas para la celebración de la Junta de Accionistas de Ferrovial que tiene que decidir el traslado de la compañía a Países Bajos. Tras la comunicación del Gobierno mediante una carta al consejero delegado de la empresa, Ignacio Madridejos, donde pretenden trasmitir «toda la información» y «desmontar los argumentos» que Ferrovial ha dado para justificar el paso, las esperanzas de Moncloa están puestas en la votación.
Así lo aseguran fuentes del Gobierno en conversación con Economía Digital. En un abanico de opiniones, el mensaje principal pasa por trasladar que Moncloa «no va a interferir» ni mucho menos «contactar ahora o en un futuro» con accionistas para sondear sus votos -«Ni lo hemos hecho no lo haremos»-, pero sí aclarar zonas grises. Un ejemplo es la excusa que Ferrovial ofrece para explicar este paso, que, a sus ojos, debe ir por otro lado,»no por el argumento público de doble cotización», que ha quedado «desmentido».
El paso no puede sentar precedentes, ni generar un efecto llamada en el Ibex, razonan. «No hay motivación económica, tiene que ser otra: que la expliquen y los accionistas cuenten con toda la información para decidir», relatan fuentes gubernamentales.
«No hay impedimentos»
«El Gobierno lo único que tiene que decir en este caso es recordar, como hemos hecho, que no existe ningún impedimento para cotizar en EEUU desde España, que así lo ha señalado además la CNMV y Bolsas y Mercados Españoles. Esto es una información relevante que se ha de conocer«, cree Moncloa.
En el ámbito económico y empresarial es también importante la transparencia y, por la parte que toca al Gobierno, «lo más importante es subrayar esa compatibilidad entre mantener la sede en España y cotizar en bolsas estadounidenses». «Claro que al Gobierno de España le gusta que las empresas españolas tengan aquí su sede», ahonda una fuente de primer nivel.
Ante el anuncio de Ferrovial a finales de febrero de su intención de trasladar su sede a los Países Bajos, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital solicitó a Bolsas y Mercados Españoles (BME) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que analizaran los motivos argumentados por la compañía. Entre ellos, facilitar la cotización en Estados Unidos.
Así, los análisis de Bolsas y Mercados y de la CNMV no han identificado ningún obstáculo (legislativo, reglamentario, supervisor o de operativa) para la admisión a negociación directa de las acciones de una sociedad española cotizada en España en los Estados Unidos, ni indicios de su existencia. Y esto, para el Gobierno, hace caer la motivación económica alegada por la empresa.
«El Ministerio ha trasladado estas conclusiones a la empresa Ferrovial a los efectos oportunos y, en particular, para que se informe a la Junta de accionistas», se justifica un miembro del Gobierno. «Una de las condiciones para acogerse a las ventajas fiscales del régimen especial de fusiones, recogida en el impuesto sobre sociedades, es que la operación responda a un motivo económico válido. Es decir, que tenga una lógica empresarial y no persiga únicamente un ahorro tributario».
Última palabra: la Agencia Tributaria
En todo caso, será la Agencia Tributaria quien tendrá la última palabra y determinará si la operación de restructuración y cambio de sede responde o no a un motivo económico válido.
La reacción de Ferrovial no se hizo esperar, a menos de 48 horas de su Junta de Accionistas. En una carta dirigida a Moncloa, el consejero delegado, Ignacio Madridejos, reclamó al Gobierno «respeto» y le hace saber que no la dirección de la empresa «no comparte en modo alguno su afirmación», según desveló El Mundo.
«La doble cotización desde los Países Bajos es una alternativa bien expedita y bien conocida, mientras que la posibilidad de lograrla desde España carece de precedentes y se encuentra sujeta a interrogantes técnicos y operativos que, en el mejor de los casos, harían incierto el calendario de su hipotética implementación», reza la misiva.
