El Gobierno sortea el veto del TC y ultima una proposición de ley para asegurarse el control del tribunal

El Gobierno ya ha decidido cómo actuar y devolver el varapalo de la suspensión que ha fallado el Tribunal Constitucional a sus enmiendas sobre su propia renovación: esta semana, el PSOE, de la mano de Unidas Podemos, registrará una proposición de ley que incluya el espíritu de lo bloqueado y cuya tramitación será por la vía de urgencia, según fuentes socialistas, por lo que podría entrar en vigor antes de que termine el mes de enero de 2023.

Así, en este momento se está en conversaciones con otros grupos parlamentarios, los que conforman la mayoría de la investidura, para impulsar dicha proposición de ley. De esta manera, el Gobierno de Pedro Sánchez se asegura que continúe su reforma del Poder Judicial, dado que las enmiendas tumbadas se referían, por un lado, a una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para rebajar la mayoría necesaria en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para elegir a los dos magistrados que le corresponde designar, y cuyo nombramiento impiden desde septiembre los vocales conservadores del órgano de gobierno de los jueces.

La segunda enmienda se dirigía a modificar la ley que regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional para eliminar la potestad que ahora tiene de dar el alto tribunal del plácet y el examen de idoneidad a los nuevos magistrados designados por el CGPJ, el Gobierno y el Parlamento. Así, ya no sería necesario que el TC estudiara la idoneidad de las dos personas propuestas, que, en este caso, se trata del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y de la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez. ¿Cómo? Habilitando la opción de renovar por sextos y no por tercios.

Sedición y malversación siguen adelante

Lo que sí sigue hacia delante y no se ha visto afectado en ningún caso por la paralización del Constitucional es la ley matriz en la que ambas enmiendas fueron incluidas: la reforma del Código Penal, por lo que la derogación del delito de sedición y la rebaja de las penas por malversación, entre otros cambios, continúan su tramitación.

De todos modos, el contenido de la proposición de ley no está cerrado del todo. De hecho, cabe más posibilidad de que sea más ambicioso e incluso incluya también una reforma de las mayorías necesarias para renovar el Consejo General del Poder Judicial, según fuentes gubernamentales, y pasar de los actuales 3/5 necesarios para elegir a los vocales del CGPJ.

Es la misma postura que ha esgrimido el Gobierno este martes tras la alocución que ha hecho el presidente Pedro Sánchez a media mañana. En la tradicional rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz, Isabel Rodríguez, ha negado esta martes que haya cometido errores en su actuación para tratar de desbloquear los nombramientos que debe hacer el CGPJ en el Tribunal Constitucional y ha culpado al Partido Popular del conflicto institucional que se ha desatado.

El Gobierno estudia «todas las posibilidades»

Rodríguez, al ser preguntada si el Ejecutivo reconoce algún error en su estrategia, ha afirmado que el error es bloquear el CGPJ y ha agregado que recuperar la normalidad institucional significa que «haya quien no rompa las normales relaciones institucionales y el cumplimiento de la Constitución».

Fuentes del Ejecutivo han insistido en que van a estudiar con detalle la decisión del TC y los votos particulares que ha habido para meditar y, luego, en unos días, tomar las decisiones que considere oportunas y después de que Sánchez haya asegurado que se adoptarán todas las medidas precisas ante el bloqueo judicial.