El Gobierno se queda sin Plan B para desencallar la renovación del CGPJ

El Gobierno de Pedro Sánchez se queda sin propuestas para desbloquear los órganos constitucionales, la mayoría de ellos con mandato caducado como el Tribunal Constitucional (TC), el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El Partido Popular no quiere pactar con Pedro Sánchez y la comunicación entre ambos es inexistente, según desvelan por ambos lados. Los socialistas tampoco quieren escuchar a Unidas Podemos. Los morados proponen al presidente promover una reforma para alterar la mayoría necesaria, de manera que los jueces sigan siendo elegidos ‘a dedo’ pero esta vez con el del Gobierno de coalición y sus socios de investidura.

La presión que las asociaciones de magistrados están haciendo en Bruselas está surtiendo efecto porque en el Gobierno, si no es con el PP prefieren esperar a que pase la lupa de la UE. En estos momentos, cualquier paso en falso que dé el Gobierno puede servir para recibir un apercibimiento por parte de la Comisión Europea que sirva de arma arrojadiza a la oposición. «No hay que dar pasos en falso», responden fuentes gubernamentales.

Lo cierto es que Pedro Sánchez está cerrado en banda con el PP. En un corrillo con periodistas, el presidente del Gobierno desveló que no se pondrá en contacto con Pablo Casado, principal líder de la oposición, si no ve «un mínimo indicio» de buena disposición. Y es que los socialistas ya son conscientes de que los populares no van a entrar al trapo, a menos que Sánchez reforme la norma y permita que los jueces elijan a sus propios compañeros.

El jefe del Ejecutivo también descarta la reforma de las mayorías, lo que todo aboca a un bloqueo interminable. Sánchez eludió esta semana contestar sobre si existía un Plan B al respecto para evitar que se agrave el choque institucional entre el poder ejecutivo y el judicial.  «Que el PP no cumpla con la Constitución no depende del Gobierno», se escuda Sánchez.

Los jueces ligados al PSOE piden ‘la cabeza’ de Lesmes

Según ha podido saber ED, las posibilidades de retomar la interlocución se disipan y no hay previstas conversaciones en el corto plazo.

En este contexto y desde la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia, al que pertenece la nueva titular de Justicia, la única forma de desbloquear la situación pasa por la dimisión del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes. Una maniobra que desde el punto de vista de los magistrados consultados por ED pasa por ser «una maniobra de Pilar LLop» y también de otra «socia» como Margarita Robles.

Sin embargo, las asociaciones mayoritarias de magistrados se encargan en desmentir asegurando que Lesmes «reúne el apoyo de la mayoría de la judicatura», insisten.

Desde el Gobierno niegan «rotundamente cualquier injerencia en la Justicia» y deslizan que los populares «prefieren aferrarse a la composición de ciertos momentos» de estos órganos, en referencia a cuando se nombraron con el PP siendo la principal fuerza en el Congreso, en lugar de «reconocer las actuales mayorías democráticas».

El enfado de Podemos con Sánchez

A todo esto se une el malestar de Unidas Podemos con el PSOE por obviar todas sus propuestas formuladas hasta el momento para renovar el Poder Judicial sin el PP.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se cansó de no actuar y de ver cómo los morados se enteran por la prensa de determinadas reuniones como la del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, con el PP para quedar en que se volverán a sentar en septiembre para intentarlo.

Díaz anunció la semana pasada que se sentará con Podemos para ahormar una estrategia conjunta que poder presentar a la parte socialista del Gobierno e intentar marcar perfil en uno de los principales asuntos de la legislatura.

Tal y como publicó ED, en Podemos existe malestar tras la remodelación de Gobierno. «No tenemos ni el teléfono de la nueva ministra», señalaron a este medio, en relación a entablar conversaciones con la titular de Justicia.

Pero, el verdadero enfado de los morados viene por la «dependencia» del PSOE con los populares. La semana pasada, el portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique, volvió a tender la mano a sus socios de Gobierno para renovar el Poder Judicial con mayoría de grupos parlamentarios y diputados.

Echenique propuso una reforma de la ley para que se pueda renovar con mayoría absoluta de las Cámaras. El portavoz de Podemos señaló que los tres quintos de la Cámara previstos en la ley para cambiar a los consejeros del Poder Judicial «estaban pensados para un mundo que ya no existe, en el que había un bipartidismo casi perfecto y como una garantía de que un único partido no pudiera elegir a todos los vocales».

Los morados buscan sacar al PP de la ecuación para renovar los órganos constitucionales con su apoyo, el del PSOE y de sus socios de investidura. Los morados defienden que ahora el tablero es «multipartidista» y «una mayoría absoluta representa exactamente la misma garantía que entonces representaban los tres quintos».

Asimismo, Podemos expone que “podrían sumarse a la votación la mitad de los grupos parlamentarios, como ocurre para elegir el consejo de Radiotelevisión Española (RTVE), de forma que sea imposible que un único partido, aunque tenga mayoría absoluta, pueda elegir a todos los vocales y así la pluralidad política del órgano esté completamente garantizada”.

Sin embargo, los socialistas no dan su brazo a torcer y se esperarán a septiembre para volver a la mesa de negociación con los de Pablo Casado. Los morados ya advierten que su postura viene reflejada en el acuerdo de gobierno de coalición y, por tanto, debe ser cumplida.

En el PSOE, por su parte, confían en que este ‘tira y afloja’ disminuya este verano para retomar con fuerza el diálogo en septiembre con los populares. Mientras los de Casado repiten aquel refrán: «Vísteme despacio que tengo prisa».