Al Gobierno le entra la ‘reformitis’: aprobará una norma al día durante 2022

El Gobierno dará un gran impulso legislativo en el año 2022 al programar un total de 368 propuestas normativas a lo largo del año 2022, lo que supone de media una norma al día, entre las que figurarán la ley para la abolición de la prostitución, una nueva ley contra el racismo o las reformas de la Ley de Ciencia e Industria, pero dejará fuera la reforma de sedición o rebelión o la anunciada Ley de la Corona.

Así figura en el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para 2022, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, con una tramitación anticipada tras el retraso de ocho meses del plan del año pasado, y cuyas 368 propuestas normativas desarrollan el programa de Gobierno y el Plan de Recuperación, según ha detallado el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, en rueda de prensa.

En concreto, estas propuestas incluyen 92 leyes (11 orgánicas y 81 ordinarias) y 276 reales decretos. Casi cuatro de cada diez leyes (38,2%) desarrollan compromisos del Plan de Recuperación, de forma que, en total, 61 de los 368 proyectos están relacionados (un 16,57%).

Se da un fuerte impulso legislador, ya que en el Plan Anual normativo del año pasado, aprobado con ocho meses de retraso por la pandemia, se recogían 144 propuestas normativas (6 leyes orgánicas, 28 leyes y 110 reales decretos), por lo que el número de normas se más que duplica. La mayoría son leyes de carácter social para un ejercicio con citas electorales importantes, como las de Castilla y León o Andalucía, y de preparación para la campaña electoral en 2023.

Deja fuera la reforma de los delitos de sedición o rebelión y la Ley de Corona

Bolaños ha subrayado en su intervención que la prioridad actual pasa por consolidar el crecimiento económico, reforzar la cohesión social y los derechos y libertades y «dignificar» las condiciones de vida de los ciudadanos, para lo que se ha diseñado una amalgama de 368 normas que, en cambio, dejará fuera de la acción legisladora del Gobierno importantes reformas comprometidas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Este es el caso de la reforma del Código Penal para modificar los delitos de sedición y rebelión por los que fueron acusados los presos del ‘procés’ tras la declaración unilateral de independencia en octubre de 2017, tal y como se había comprometido Sánchez tras su toma de posesión como presidente en enero de 2020.

Bolaños ha priorizado la consolidación del crecimiento y ha confirmado que de nuevo se deja fuera de la acción normativa de este año la reforma del Código penal, así como la la Ley para modernizar la Corona, de la que no se hará referencia alguna en la Ley de Transparencia.

El PSOE incluye el fin de la prostitución y Podemos la ley trans y familias

Tras haberse cumplido en el ecuador de la legislatura el 50% de los compromisos del discurso de investidura y en torno al 44% de los acuerdos de coalición, Bolaños ha señalado que el 40% de las iniciativas de la hoja de ruta para 2022 se articulan en torno al Plan de Recuperación en «consonancia» con las prioridades de Bruselas: transición digital, ecológica, la cohesión social y territorial y la igualdad.

Los dos partidos de la coalición han incluido reformas en la hoja de ruta de este año, como la abolición de la prostitución abanderada por el PSOE o la polémica ley trans o de las familias potenciadas por Unidas Podemos.

La abolición de la prostitución se incluirá en la Ley de acción integral contra la trata de seres humanos y de protección de las víctimas, por lo que finalmente el fin de la prostitución no tendrá su propia ley, pese al compromiso del PSOE en su 39º Congreso, lo que generó discrepancias en la coalición.

A su vez, se impulsará la denominada ‘Ley Trans’, que generó fuertes diferencias entre la exministra Carmen Calvo y la titular de Igualdad, Irene Montero, y que actualmente en fase de audiencia pública, de forma que, una vez se reciban los informes perceptivos, pase a segunda vuelta y se apruebe de forma definitiva en el Consejo de Ministros para su remisión al Parlamento, previsiblemente incluyendo la autodeterminación de género.

Está prevista también la Reforma de la Ley de protección integral contra la violencia de género, para adecuarla al Pacto de Estado y a la Ley orgánica
garantía integral de la libertad sexual, así como la modificación de la Ley de salud sexual e interrupción voluntaria del embarazo, para promover y garantizar la «igualdad plena, real y efectiva de las mujeres en el acceso a la salud sexual y reproductiva y a la libre decisión sobre la interrupción voluntaria del embarazo«.

Se incluye también la transposición de la directiva sobre conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores y los cuidadores, que establece nuevos derechos sobre el permiso parental y de cuidadores, impulsado por Ione Belarra (Unidas Podemos).

Ley de vivienda, cartera mínima de servicios y contra el racismo

En el bloque de digitalización se impulsará la reforma de la Ley de Ciencia para garantizar una carrera investigadora «atractiva y estable»; la reforma de la Ley de Industria para adaptar el texto vigente que data de 1992 a la actualidad; una Ley para garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de 5G y un real decreto para desarrollar el Estatuto de la ‘startup’ de estudiantes, para que en las prácticas a nivel universitario y de FP se consoliden proyectos empresariales para jóvenes.

El bloque de cohesión social y territorial contempla la Ley de Vivienda con los límites a los precios al alquiler, que generó discrepancias en el seno del Gobierno en su negociación; una Ley para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, que garantiza la homogeneidad de los servicios sanitarios en todo el territorio, establece la gestión pública directa como fórmula de gestión preferente y limita el establecimiento de nuevos copagos.

A su vez, se aprobará la Ley de servicios sociales para garantizar una cartera mínima de servicios en todo el territorio y un real decreto por el que se regula el sello de inclusión social, un distintivo público para empresas públicas y privadas que desarrollen actuaciones que contribuyan al tránsito de las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital a la participación activa en la sociedad.

Se impulsará también una Ley contra el racismo y otras formas de tolerancia, así como una Ley del régimen de organización de los municipios de menor población y de mejora de las relaciones de colaboración de las administraciones públicas, para digitalizar y modernizar los municipios rurales y contribuir a frenar la despoblación.

Transición ecológica y regeneración democrática

En lo referido al bloque de transición ecológica, figura la Ley por la que se establecen las normas para la implantación en España del sistema de gestión de la política agrícola común (PAC); una Ley de pesca sostenible e investigación pesquera o la modificación de la Ley sobre energía nuclear, en relación con los terrenos contaminados radiológicamente.

La transposición de la directiva relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables o el real decreto sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos.

Por último, otro bloque de normas se centra en la regeneración democrática, entre las que destacan la ley de prevención de intereses en el sector público y la ley de transparencia, a la que se incorporará la regulación de las relaciones con los grupos de interés.