El Gobierno reforma el sistema para calcular el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC)

El Gobierno ha aprobado la reforma del sistema para calcular el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). Actualmente, están acogidos a la tarifa eléctrica regulada en torno a 9 millones de consumidores, una cifra que representa el 34% de todos los consumidores domésticos.

La nueva fórmula de cálculo entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2024, y su indexación a los mercados a plazo reducirá la volatilidad, aportando más estabilidad a las facturas finales de los consumidores y manteniendo las señales de ahorro y consumo eficiente.

Facturas «más estables»

Según ha explicado la ministra portavoz Isabel Rodríguez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, los consumidores con esta tarifa «no tendrán que hacer nada», sino que únicamente recibirán unas facturas «más estables».

La nueva metodología persigue un balance adecuado entre las señales a corto plazo y una mayor protección de los consumidores frente a la volatilidad de los precios. Por un lado, se seguirá manteniendo una cierta exposición al mercado al contado, si bien el peso de los mercados de futuros irá aumentando gradualmente.

Proteger a los consumidores

La reforma aspira a reforzar la protección de los pequeños consumidores de electricidad frente a la creciente volatilidad de los mercados energéticos, un fenómeno nuevo para este sector, dicen fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, que creen que la época de precios estables se ha terminado y hay que estar listos.

Otras dos metas, estas secundarias, son mantener los incentivos a la eficiencia energética y la gestión de la demanda, y adaptar la regulación a la vigente directiva del mercado interior en lo relativo a las tarifas reguladas.

Como consecuencia de ello, la nueva PVPC incorporará parcialmente las señales de precio a largo plazo, lo que supondrá un impulso a la contratación de electricidad en estos mercados.

También permitirá una reducción de la volatilidad en las facturas de hogares y micropymes españoles, especialmente acusada desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania. De este modo, se lleva a cabo una desindexación parcial de los mercados al contado, al incorporar referencias de los de futuro de forma gradual.

En concreto, fija un marco transitorio por el cual el peso de la señal a plazo se incrementará progresivamente entre 2024 y 2026, de modo que para el primer año representará un 25% e irá subiendo hasta alcanzar un 55% en 2026, dejando el porcentaje restante, 45%, a la diaria e intradiaria.

A su vez, las referencias de precios de los mercados de futuro estarán integradas por una cesta de productos a plazo con distinto horizonte temporal. Así pues, el 10% corresponderá al producto mensual; el 36%, al trimestral, y el 54%, al anual.

Desde el Ministerio aseveran que, en cualquier caso, la nueva metodología preservará la señal de precios horarios al mantener el diferencial resultante de la casación del mercado diario, lo que contribuirá a fomentar patrones de consumo eficientes para aprovechar las horas más baratas.

El texto entrará en vigor el 1 de julio para las comercializadoras

Tal como ya avanzó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, la reforma, que se publicará este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), concede un margen para que todos los actores del sistema eléctrico vayan incorporando las novedades.

Para las comercializadoras de referencia, el texto entrará en vigor el próximo 1 de julio, fecha en la que ya se empiezan a tener en cuenta las cotizaciones de la cesta de futuros, en tanto que la aplicación respecto a la factura de los consumidores comenzará el 1 de enero de 2024.

La fórmula prevé garantizar además que estas comercializadoras no concurran en un desequilibrio económico que les pueda llevar a la quiebra, al tener que asumir ahora unos riesgos que, hasta el momento, no tenían ya que no compraban por anticipado.

La tarifa regulada, solo para hogares y micropymes

En cumplimiento con la directiva europea de mercado interior de la electricidad, a partir del próximo enero podrán acogerse a la tarifa regulada tan sólo hogares y micropymes, que tendrán que certificar su condición a través de una declaración responsable.

Quienes no acudan al mercado libre habrán de afrontar un recargo de más del 20%

Esto contrasta con la redacción original de la norma, que no preveía ninguna restricción sobre el tamaño de la empresa que podía acogerse a este precio, sino que establecía como única limitación el límite de potencia de 10 kilovatios (kW), que sigue manteniéndose.

No obstante, se establecerá un periodo transitorio hasta final de año para los cambios y se respetarán los contratos vigentes y firmados antes de esa fecha, de manera que cuando vayan venciendo los afectados deberán acudir al mercado libre. Si no lo hacen, se les seguirá suministrando electricidad con la tarifa PVPC más un recargo del 20%.

Compromiso con la Comisión Europea

La reforma del PVPC es uno de los compromisos que España adquirió con la Comisión Europea para que se aprobara el tope al gas destinado a la generación eléctrica, y tendría que haber entrado en vigor a comienzos de año. Desde su creación en 2014, este precio regulado se ha configurado como una de las ofertas más competitivas del mercado.

Pero se ha logrado «a costa de una elevada exposición de los agentes al mercado diario, socavando los incentivos a aprovisionarse por medio de instrumentos de cobertura a plazo», advertía el Ministerio en el documento remitido al Consejo de Estado.

La PVPC es necesaria para poder tener el bono social eléctrico, un descuento en la factura de la electricidad para los consumidores calificados de vulnerables.