El Gobierno rechaza la ley del 25% de castellano en las aulas catalanas
El Ministerio de Educación rechaza establecer un porcentaje cuantitativo y justifica que la sentencia aún no tiene carácter firme
Un instituto de Manresa se niega a impartir el 25% de clases es castellano por «indicaciones» del Govern. / EFE
El Gobierno ha sepultado la sentencia que obliga a Cataluña impartir el 25% de las clases en castellano. Así queda reflejado en una respuesta del Ministerio de Educación a la Comisión de Peticiones de la Eurocámara en la que rechaza establecer un «límite cuantitativo determinado».
“El 25% no es un porcentaje que pueda ser trasladado a cualquier situación”, ha respondido a Bruselas, según recoge el documento, al que ha tenido acceso El Mundo, por lo que aboga por otro sistema “más flexible”.
Este organismo europeo aceptó el pasado mes de noviembre la queja de Ana Losada, de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, que denunció que la exclusión del castellano en las aulas catalanas.
La organización, presidida por la ex ministra popular Dolors Monserrat, interpeló al departamento que para entonces dirigía Isabel Celaá -ahora sustituida por Pilar Alegría- para que explicara “cómo se va a controlar que al finalizar la enseñanza obligatoria todo el alumnado tenga el dominio pleno de la lengua cooficial castellano y, en caso de detectarse que esto no se logre, qué medidas se van a adoptar para remediarlo”.
“Todavía no tiene carácter firme al haber sido recurrida en casación al Supremo por la Generalitat»
Y la respuesta, que no llegó hasta siete meses después, en junio, deja clara la postura del Gobierno: “Todavía no tiene carácter firme al haber sido recurrida en casación al Supremo por la Generalitat. Serán los tribunales en uso de sus atribuciones, entre las cuales están las relativas al cumplimiento de sus sentencias, quienes actúen, llegado el caso”.
Y continúa: “El Estado carece, por mandato constitucional, de toda posibilidad de control administrativo-sancionador para salvaguardar sus competencias”.
“Son las comunidades autónomas las que, de acuerdo a sus Estatutos de Autonomía, establecen el equilibrio entre el derecho a recibir enseñanza en castellano y la inclusión de lenguas de especial protección”, concluye.
El Gobierno de Pedro Sánchez mira para otro lado
El Ejecutivo de Pedro Sánchez nunca ha tenido intención de hacer cumplir esta norma fijada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el pasado mes de diciembre.
Al revés. ERC dejó claro que no cumpliría mientras estuviera al frente del de la conselleria de Educación. Y desde entonces el Gobierno central ha mira hacia otro lado: “Respetamos las decisiones de los tribunales, a los que corresponde realizar el seguimiento y la garantía del cumplimiento de sus sentencias”, aseguró el Ejecutivo en respuesta a una pregunta parlamentaria de Ciudadanos el pasado mes de marzo.
