El Gobierno afirma que el expresident debe someterse a la Justicia «como cualquier ciudadano»
Moncloa afirma que la detención obedece a un procedimiento en curso y que el expresident debe responder ante los tribunales, mientras que Podemos señala que se trata de un arresto “ilegal”
Carles Puigdemont y Pedro Sánchez en 2016. / EFE
El Gobierno de Pedro Sánchez considera que Carles Puigdemont debe someterse a la acción de la Justicia “como cualquier otro ciudadanos europeo”. A través de un comunicado, Moncloa ha explicado que la detención del expresidente obedece a un procedimiento judicial en curso, por lo que “debe responder de sus actos ante los tribunales”.
El Ejecutivo ha expresado su respeto por las decisiones de las autoridades italianas, como ya hizo cuando «los tribunales españoles y europeos dictaron resoluciones en los procedimientos judiciales que afectan al expresidente catalán», ha apuntado.
«En consecuencia, el Sr. Puigdemont debe someterse a la acción de la Justicia, exactamente igual que cualquier otro ciudadano», concluye.
Sin embargo, en Podemos han surgido voces críticas con este arresto. Su presidente parlamentario, Jaume Asens, ha considerado que esta detención se ha producido de manera ilegal.
En un mensaje en redes sociales, ha asegurado que el arresto es “incomprensible” porque, a su juicio, se sustenta en una orden de detención judicial suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.
El TS defiende que la orden de captura estaba vigente
El expresident estaba en busca y captura por orden del Tribunal Supremo, una orden que según el órgano estaba vigente, ha informado Efe, por lo que tras la retirada hace poco menos de dos meses de su inmunidad parlamentaria se le podría haber detenido en cualquier país.
Se espera que a primera hora de este viernes las autoridades judiciales italianas envíen al alto tribunal español una comunicación.
La orden fue dictada por el juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, el 14 de octubre de 2019 cuando el Supremo condenó por sedición a los líderes del proceso soberanista catalán que se pusieron a disposición de la justicia. En aquel momento, Llarena reactivó las órdenes de detención contra Puigdemont y el resto de los huidos al extranjero y, desde entonces, no se han desactivado.
No obstante, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, defiende que su cliente acudía a Cerdeña como eurodiputado y que ha sido detenido en función de la euroorden dictada el 14 de octubre de 2019 por el Tribunal Supremo, la cual, subraya, «por imperativo legal -según establece el Estatuto del TJUE, se encuentra suspendida».
«España informó al Tribunal General, y así se recoge en la resolución de 30 de julio pasado, que ningún país ejecutaría una orden de estas características; en la misma resolución el Vicepresidente del TGUE indicó que, de ser necesario, se solicitase una nueva medida cautelarísima», ha explicado el letrado en su cuenta de Twitter.
El expresident podrá solicitar de nuevo la inmunidad
El expresident será puesto a disposición de los jueces de la Corte de Apelación de Sassari este viernes, sin inmunidad . Sin embargo, podrá solicitarla de nuevo.
Así quedó reflejado en el auto del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), que desestimó las medidas cautelares que reclamó el expresident para mantener esta protección parlamentaria. Pero añadía que, en caso de ser detenido -opción que veía poco probable- podría interponer una nueva demanda para pedir medidas provisionales para su inmunidad.
“Pese a la desestimación de la demanda de medidas provisionales, los diputados mantienen la posibilidad de interponer una nueva demanda si, con posterioridad al presente auto, el perjuicio alegado resultara suficientemente probable, en particular en caso de que fueran detenidos por una autoridad de ejecución de un Estado miembro o de que se llevara a cabo alguna actuación dirigida a entregarlos a las autoridades españolas”, dicta el texto.
