El Gobierno entierra más de 280 peticiones de transparencia

En mitad de la infodemia que ha generado el coronavirus, las peticiones de información y rendición de cuentas al Gobierno a través del Portal de Transparencia llevan más de 50 días en stand by, lo que ha respondido a la lógica del Gobierno de llevar a cabo un cerrojazo informativo. El episodio se suma a otros en los que también se ha observado la intención del Ejecutivo de controlar al máximo la información sobre la pandemia.

Las últimas cifras del Portal de Transparencia, referidas al mes de marzo, cuando el estado de excepcionalidad llevaba más de dos semanas implantado, muestran que las solicitudes de información que están congeladas (si se suman la diferencia entre las solicitadas totales de marzo respecto a las de febrero) se cuentan ya por más de 700 (27.214 en marzo y 26.485 en febrero).

En detalle, si se suman las solicitudes que están en trámite, han recibido silencio administrativo, han sido denegadas o inadmitidas, la diferencia de marzo respecto a febrero asciende a casi 283. 

[Puedes ver aquí los informes de febrero y marzo]

Los expertos consultados coinciden en que la cifra importante es la que queda por conocer cuando se sepan las solicitudes del mes de abril, que todavía no se han hecho públicas. 

Además, admiten que lo verdaderamente valioso no es tanto la cifra estadística, sino conocer qué se ha preguntado sobre la crisis sanitaria y el Gobierno se ha ahorrado responder hasta que se superen todas las fases — las cuatro— del estado de alarma en todo el país por completo.

Entre algunos ejemplos, las mismas voces apuntan a que, con motivo del coronavirus, el Ejecutivo ha evitado dar explicaciones sobre qué contenían los informes del famoso comité de científicos que inclinaron al Gobierno por decidir prorrogar el estado de alarma.

También inciden en que ligar la decisión de mantener los plazos suspendidos al estado de alarma carece de lógica, sobre todo teniendo en cuenta que la Comunidad de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valencia, entre otras administraciones, sí están respondiendo solicitudes.

Ligar el ‘cerrojazo’ informativo al estado de alarma no tiene sentido, según los expertos

Tampoco faltan ejemplos contrarios a España en otros países: Argentina ha modificado la suspensión para mantener los plazos de respuesta a las solicitudes de acceso a la información y el propio Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea mantienen este plazo de respuesta en 15 días, aunque reconocen que pueden darse leves retrasos en algunos casos.

Preguntado por Economía Digital, desde el ministerio de Función Pública y Transparencia insistieron en que el portal no ha suspendido sus funciones, porque sigue dando publicidad activa a otros casos. No obstante, sí reconocieron que el real decreto del estado de alarma permite anular los plazos para responder (habitualmente un mes).

La orden del Ejecutivo también ha dejado atado de pies y manos al otro organismo que fiscaliza al Gobierno en materia de transparencia. Se trata del Consejo Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), quien pleitea con ministerios, secretarías de estado y distintas administraciones cuando se niegan a aportar información a través del portal y, en su opinión, consideran que sí deben hacerlo.

Críticas al ‘cerrojazo’ informativo

El apagón informativo del Gobierno ha sido duramente criticado por partidos de la oposición y por organizaciones que luchan para que la administración sea más transparentes y el buen Gobierno.

Ciudadanos ha llevado a la Comisión Europea las polémicas ruedas de prensa desde Moncloa. El partido de Inés Arrimadas registró hace casi un mes un documento en el que planteaba si el sistema de preselección de preguntas fijado en las ruedas de prensa de los responsables políticos era compatible con el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y el artículo 3 del Tratado de la UE. 

Fuera de la lógica de partidos, una treintena de organizaciones que componen la Coalición Pro Acceso pidieron al Gobierno que garantizara el ejercicio del derecho de acceso a la información.  Entre otras peticiones, la coalición pedía «documentar debidamente la toma de decisiones y las actuaciones públicas que se lleven a cabo, así como asegurar la correcta gestión de toda la información».

Pro Acceso tampoco ha dudado en señalar que se deberá poner luz y taquígrafos en toda la información relacionada con la contratación pública de emergencia, incluyendo intermediarios, beneficiarios, contratos, liquidación y ejecución.

Su declaración cobra importancia al conocer diferentes polémicas del ministerio en este sentido, como la de otorgar contratos millonarios a empresas con domicilios desconocidos y con poca experiencia en el sector. También haberse negado a revelar la identidad de alguno de los adjudicatarios, como hizo el ministro de sanidad, Salvador Illa, cuando fue preguntado por ello.

Lo cierto es que la actuación del Gobierno en materia de transparencia y comunicación ha dejado más episodios. Sonada fue la pregunta teledirigida del CIS de José Félix Tezanos, en la que se sugería si, con motivo del coronavirus, se podía aprovechar la situación para limitar la libertad de prensa, limitando la información sanitaria a los canales oficiales, los del Gobierno.