El Gobierno obligará a policías e inspectores del Estado a hablar catalán en Cataluña

Uno de los gestos con los que el Gobierno ha querido avanzar en sus relaciones con la Generalitat de Cataluña, y con ERC, en concreto, tiene un valor simbólico, sobre todo en el día a día de los ciudadanos: proteger «el derecho de ser correspondido oralmente y por escrito en catalán en la administración periférica del Estado». Esto significa que, a partir de ahora, los funcionarios del Estado deberán atender a los usuarios que así lo deseen en esta lengua.

Es lo habitual en los servicios públicos de la vida rutinaria en Cataluña, como la educación o la sanidad. Sin embargo, la administración periférica del Estado es otra cosa. Según la definición que otorga el Ministerio de Política Territorial, incluye «la actividad del Estado de forma desconcentrada en el territorio, correspondiendo al Delegado del Gobierno la dirección de la misma en el ámbito autonómico y su coordinación con la Administración de la Comunidad Autónoma».

Las competencias en Cataluña están traspasadas en varios aspectos particulares, como no sucede en la mayoría de comunidades autónomas, como es el caso de la seguridad, el tráfico o las prisiones. Así, la nueva directriz pactada entre el Gobierno y la Generalitat afectará a un puñado de materias en las que trabajan 25.667 funcionarios en Cataluña, según las últimas estadísticas públicas del Ministerio de Hacienda, correspondientes a enero de 2022.

La administración periférica del Estado en Cataluña la compone actualmente, según datos consultados por Economía Digital de la Delegación del Gobierno en la autonomía, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y otras oficinas centrales como Extranjería, Autorizaciones administrativas, la Alta Inspección Educativa o la Policía Nacional, que, en su reparto de tareas con los cuerpos de seguridad autonómicos, se encarga de la expedición y renovación de DNI y pasaportes.

Apuesta por el catalán en la educación y política

Consultadas fuentes de ambas delegaciones de la Mesa de Diálogo, el acuerdo no ha conllevado mayor detalle que el que incluye la literalidad del texto. Otras consideraciones del pacto incluyen garantizar el catalán como lengua vehicular y de aprendizaje en la escuela y reconocer asimismo el «uso curricular» del castellano.

El catalán no estará únicamente presente en Cataluña, sino que buscan que también suene en las Cortes Generales y en la UE. Así, Gobierno y Generalitat se comprometen a solicitar a la presidencia del Parlamento europeo la consideración del catalán como lengua de uso en el pleno y trabajarán para conseguir una mayoría suficiente que avale esta petición antes de finalizar el año.

Para que el uso del catalán sea una realidad en el Parlamento europeo es necesario primero que lo solicite el Estado, y esta era una de las reivindicaciones históricas formuladas desde Cataluña, como la de poder emplear la lengua catalana en las Cortes.

La lengua, un «símbolo de concordia»

Para la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, la idea del Gobierno a la hora de dar estos pasos adelante es «utilizar la lengua como un símbolo de concordia entre españoles y no como un elemento de discordia». No considera que se trate de claudicar, «sino todo lo contrario», en la defensa del castellano.

«El castellano es la lengua oficial de España y el catalán, junto con otras lenguas cooficiales, son lenguas españolas«, opina la también portavoz del Gobierno.

Cabe recordar que los acuerdos de la Mesa de Diálogo llegan cuando el Ejecutivo acaba de aprobar el techo de gasto para 2023, necesarios para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, y puede suponer un acercamiento de ERC hacia estas cuentas públicas. Precisamente, Esquerra ya pactó con el Gobierno el aumento del objetivo de déficit para las comunidades autónomas, tal y como admitieron fuentes de Moncloa.