El Gobierno niega que politice la Justicia al nombrar al exministro Campo para el Tribunal Constitucional

El Consejo de Ministros ha amanecido este martes con dos nombres encima de la mesa: los nombramientos de los dos magistrados por cuota del Gobierno en el Tribunal Constitucional finalmente serán para el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la hasta hace unos meses alto cargo de Moncloa, la exdirectora general de Asuntos Constitucionales para el Ministerio de la Presidencia Laura Díez Bueso. El movimiento ha generado una polvareda considerable dado los antecedentes políticos de ambos magistrados -que son doctores en Derecho-, pero para el Gobierno no hay problema.

Así lo ha manifestado en la tradicional rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para quien no hay duda de la idoneidad de ambos candidatos. No cree el Gobierno que se contribuya a la politización de la Justicia, a pesar de que hasta hace no demasiado eran otros dos juristas sin vinculación política los que estaban en mente para las vacantes.

«Es una persona absolutamente idónea, reconocida y valorada tanto en ámbitos de la izquierda como de la derecha (…) dialogante, de consenso y equilibrada«, ha asegurado Bolaños sobre Campo ante las reiteradas preguntas de los periodistas. «Cuando el PP habla de despolitizar la justicia me parece que es un lapsus, es como reconocer que la tienen politizada y bloqueada«, ha insistido.

El Constitucional «no tiene función judicial»

Bolaños ha arrancado en su intervención previa asegurando que «el Gobierno tiene el derecho y el deber de nombrar dos magistrados del Tribunal Constitucional, ya que la situación de bloqueo que se está produciendo en CGPJ no puedo conllevar que el gobierno deba incumplir sus obligaciones constitucionales». También ha remarcado que el Tribunal Constitucional es un órgano político, más que jurídico, porque no tiene una «función judicial, sino de interpretación de la Constitución», y esta es una herramienta nacida de la acción legislativa.

«El Gobierno pide a todos los agentes políticos que cumplan la Constitución, tenemos que predicar con el ejemplo, y lo que hacemos hoy es iniciar el proceso para cumplir con las obligaciones que nos impone la Constitución y nombrar dos magistrados del Tribunal Constitucional», ha aducido. Campo y Díez sustituirán a los magistrados conservadores Antonio Narváez y Pedro González-Trevijano, quien es actualmente el presidente del Constitucional, que fueron nombrados por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013 -aunque Narváez sustituyó a Enrique López, que fue el designado inicial-.

Bolaños también ha afirmado que al Gobierno le hubiera gustado que estos nombramientos fueran al mismo tiempo que el los dos magistrados que debe nombrar el CGPJ y que debería hacerse de manera inmediata al estar ya fuera del plazo legal. Del mismo modo, ha recordado que se intentó por parte del Ejecutivo un acuerdo con el principal partido de la oposición para renovar el CGPJ y ha vuelto a culpar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de no «aguantar» las presiones y echarse atrás.