El Gobierno insta a Torrent a denunciar el espionaje a la justicia
María Jesús Montero defiende que el "procedimiento" debe ser denunciar al juzgado y lamenta no tener información alguna para ayudar en el caso
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya se ha pronunciado sobre el presunto caso de espionaje a Roger Torrent. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha negado cualquier implicación con la intervención del teléfono móvil del presidente del Parlament.
Montero ha explicado en la rueda de prensa posterior que el «procedimiento» que debe seguir Torrent es «poner en conocimiento de la autoridad judicial que corresponda» el presunto «hackeo o sustracción» del teléfono, que siempre requiere una autorización judicial.
El Gobierno ha negado que pueda «aportar gran parte de la información sobre esta cuestión» al no conocer hasta su publicación por The Guardian y El País el presunto caso de espionaje a Roger Torrent. El Ejecutivo de Sánchez ha rechazado así cualquier implicación con este suceso, tras las acusaciones vertidas desde el independentismo.
«Espionaje político»
Esta misma mañana Roger Torrent ha acusado al «aparato del Estado» de «espionaje político» tras conocerse que su teléfono móvil tenía el software espía Pegasus, que desarrolla la compañía israelí NSO y que solo se vende a gobiernos y a la policía para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
El republicano ha asegurado en una comparecencia en el Parlament que esta intromisión se enmarca en una «causa general contra el independentismo», y lo ha vinculado a las condenas de cárcel de los reos por sedición y a los fugados de la justicia como el expresidente Carles Puigdemont: «Esto nos obliga a preguntarnos a cuánta gente se está espiando ahora mismo».
Torrent ha emplazado al actual Gobierno a darle una respuesta ante este intento de «criminalizar» al independentismo. El líder del Parlament se ha preguntado si el presidente Pedro Sánchez es «cómplice» al haberlo permitido o «negligente» al desconocer prácticas de este tipo en el aparato del Estado.
Acceso a información sensible
Este programa de espionaje tiene acceso a todo tipo de información que permite activar la cámara y el micrófono: «Puede capturar cualquier menaje en pantalla y escuchar conversaciones». Además de Roger Torrent, también habrían sido espiados la exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, y el expresidente de la ANC, Jordi Domingo.
Según la investigación conjunta entre El País y The Guardian, una vulnerabilidad en Whatsapp entre abril y mayo de 2019 fue la puerta de entrada. Fue la puerta de entrada para instalar el programa espía en el terminal y otros 1.400 móviles en el mundo. Solo hizo falta una vídeollamada perdida para infectar el teléfono, sin necesidad de respuesta.
Fue la empresa Citizen Lab, el grupo de ciberseguridad de la Munk School ubicado en la Universidad de Toronto, la encargada de investigar el ataque masivo del programa israelí. Los dos diarios citados han tenido acceso al informe de víctimas. Al menos 130 casos con representantes de la sociedad civil fueron monitorizados, entre los que se encontraba Roger Torrent.