El Gobierno impone quitas del 50% a los grandes propietarios
Fondos de inversión, socimis e inmobiliarias estarán obligados a "arrimar el hombro" en el caso de que haya inquilinos que no puedan pagar el alquiler
El vicepresidente del Gobierno y ministro de Agenda Social, Pablo Iglesias, ha advertido a los grandes propietarios como fondos de inversión, socimis e inmobiliarias que deben ayudar a mitigar los efectos de la alerta sanitaria por coronavirus y evitar que aumente la desigualdad social derivada. Estos grandes tenedores deberán realizar una quita del 50% de la deuda o bien aceptar una reestructuración de la misma en tres años.
«Red de seguridad», ha defendido la ministra de Economía, Nadia Calviño. Los inquilinos afectados se podrán acoger también a las líneas de ayuda públicas. Este ha sido uno de los aspectos que han sufrido cambios de última hora como consecuencia del debate entre los ministros de Unidas Podemos y los del PSOE.
Las medidas aprobadas por el gobierno también incluyen una moratoria de cuatro meses del pago del alquiler para inquilinos de grandes propietarios que estén en situación vulnerable. En otras palabras, para los que tienen que destinar más del 40% de su renta al pago del alquiler, aunque también se puedan acoger los que estén en ERTE, tengan reducciones de jornada, o estén con otras situaciones laborales restringidas.
Desahucios paralizados
El gobierno también sale al rescate de las personas pendientes de desahucio, y han aprobado los que se puedan producir en esta crisis sanitaria durante seis meses. Todos los contratos de alquiler se prorrogarán automáticamente que venzan durante este periodo y se tengan que renovar.
Los pequeños propietarios también tendrán ayudas económicas a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), para los poseedores de menos de ocho viviendas. Los créditos se concederán con un interés cero a los que tengan problemas para pagar el alquiler y tendrán entre tres y seis años para devolver el importe.
El gobierno también ha decidido aplazar las hipotecas de los inmuebles donde se lleven a acabo actividades económicas, así como la aplicación de la moratoria para los locales y oficinas de autónomos y se simplifican los criterios de vulnerabilidad para que no se den lugar a interpretaciones que limiten derechos.
