El Gobierno ignora la maniobra del ICF mientras prepara el diálogo con el Govern
Moncloa guarda silencio ante la jugada del independentismo con el ICF, mientras prepara la comisión bilateral del próximo 2 de agosto
Las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz junto al presidente Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros. Foto: EFE/Javier Lizón
El Institut Català de Finances (ICF) avalará finalmente las fianzas exigidas por el Tribunal de Cuentas a los 34 ex altos cargos del Govern. Un movimiento que, según los juristas consultados, podría terminar en un posible fraude de ley. Sin embargo, en Moncloa ha pasado desapercibido.
El silencio del Gobierno llama la atención, más si cabe, tras las maniobras orquestadas para favorecer al independentismo. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su primera visita al frente del Govern, que la Abogacía del Estado no intercediera en el proceso contra el Tribunal de Cuentas.
Dicho y hecho. De la noche a la mañana e inesperadamente, el Gobierno dejó en manos de la Generalitat la acusación y, por su parte, el gobierno autonómico esgrimió al tribunal que no sufrió ningún perjuicio económico y que los gastos investigados forman parte de los cometidos por la Consejería de Acción Exterior.
Tras esta ‘manita’, que fue exigencia de ERC lanzada a través de los medios para seguir negociando con Moncloa, llegó la segunda injerencia velada. Según publicó ED, el Govern de Aragonès solicitó a Sánchez que el Gobierno no interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra el fallo del órgano fiscalizador. De lo contrario, se habría paralizado el proceso y los líderes del procés habrían visto embargados sus bienes con rapidez.
Este miércoles, la Generalitat, tras anunciar el martes que no utilizaría al ICF porque «supondría exponer a los funcionarios y a sus familias», vuelve a la carga y pone al organismo en primera fila. Un movimiento que, según los juristas consultados por este medio, podría suponer un posible fraude de ley y malversación por parte del Govern.
«No tenemos nada que decir de esto. No vamos a hacer declaraciones», expusieron este miércoles desde la Secretaría de Estado de Comunicación (SEC). En el Gobierno prefieren ser cautos y esperar a ver qué es lo que determina al tribunal, en este caso, si estima este mecanismo ideado por la Generalitat legal para avalar la fianzas o, si por el contrario, decide tumbarlo.
Las fuentes gubernamentales consultadas no ocultan que este gesto «hace daño a la imagen exterior de España», así como el llamamiento a defender la causa independentista que hizo el exconsejero Andreu Mas-Collel en el exterior. Sin embargo, el Gobierno prefiere hacer la vista gorda y guardar silencio para seguir preparando los encuentros que mantendrá con la Generalitat.
Por una parte, la mesa bilateral, que se celebrará el próximo 2 de agosto, en la que hablarán de los fondos europeos y de la financiación autonómica e infraestructuras, entre otros temas. Y también la mesa de diálogo, que se celebrará la tercera semana de septiembre, y abordarán el encaje de Cataluña en España, a pesar de que el independentismo sigue lanzando el órdago de la autodeterminación.
Así y en rueda de prensa, el presidente de la Generalitat contestó esta semana a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, tras asegurar ésta que el independentismo «debería haber aprendido la lección» sobre la petición de celebrar un nuevo referéndum en Cataluña. Pere Aragonés contestó que «quien debe aprender la lección es el Estado. Con represión no se solucionan los conflictos. Los conflictos se resuelven políticamente».
La oposición se pregunta, «¿hasta cuándo va a aguantar el Gobierno con los desafíos constantes de los independentistas y el ‘lo volveremos a hacer’ en primera línea de diálogo?».
La Generalitat continúa su camino hacia el ‘indulto económico’ de los líderes del procés, gracias a los 10 millones de dinero público que ha destinado para la causa, mientras expone a su ‘ICO catalán’ a posibles delitos penales y administrativos.
Mientras, el Gobierno hace ver en silencio que no pondrá palos en las ruedas tras las críticas al propio tribunal. Las últimas declaraciones del ministro de Transportes saliente, José Luis Ábalos, fueron que el Gobierno haría todo lo posible para «desempedrar» el camino hacia el diálogo. Y así lo está haciendo.
