El Gobierno estudia cómo evitar reclamaciones tras la sentencia del TC
Moncloa y Justicia temen una oleada de recursos a las multas efectuadas durante el estado de alarma y peticiones de indemnización de empresas
El Gobierno acepta pero no coparte la resolución del Tribunal Constitucional que tumba el primer estado de alarma y ya estudia el texto para tomar las decisiones pertinentes. Así lo ha afirmado la ministra de Justicia, Pilar Llop, horas después de conocerse el pronunciamiento del TC. El Ejecutivo, admiten las fuentes consultadas por Economía Digital, se prepara para una oleada de reclamaciones.
«Ante una resolución del Tribunal Constitucional, poco se puede hacer, salvo prepararse para las consecuencias«. Esa es la estrategia del Gobierno tras el duro varapalo judicial recibido este miércoles. El TC «agota cualquier vía legal» en España y se descarta cualquier recurso ante la justicia europea. El objetivo, por tanto, es que el daño sea el menor posible.
La amenaza que planea ahora sobre el Ejecutivo tiene que ver, en primer lugar, con las multas sancionadas durante el estado de alarma. Se calcula que 1,1 millones de españoles fueron multados tras la aprobación del decreto del 14 de marzo por incumplir las restricciones de movimiento.
Ahora, la resolución del Tribunal Constitucional podría servir de argumento para reclamar el reingreso de la multa para aquellos que la abonaron. Desde el Gobierno no especifican cifras concretas, aunque admiten que muchas sanciones se quedaron sin pagar o fueron rechazadas por los jueces.
El otro campo de batalla que se le abre al Gobierno tiene que ver con la posible solicitud de indemnizaciones por parte de empresas y particulares que vieron mermada su actividad económica, y sufrieron pérdidas, tras la aprobación del estado de alarma.
El Gobierno reivindica que la medida salvó 450.000 vidas
Consciente de estas posibles amenazas, el Gobierno ya estudia la resolución del TC para hacer frente a una oleada de reclamaciones que asume que van a llegar. Ese análisis del texto ha sido confirmado por la propia ministra de Justicia, en una comparecencia sin preguntas en Moncloa.
Pilar Llop ha recordado también que el Ejecutivo aprobó el decreto del estado de alarma tres días después de que la OMS declarara el Covid-19 como una pandemia mundial y ha defendido la medida como necesaria para «salvar las vidas de nuestros compatriotas».
Según cálculos del Gobierno, y tal y como ha expresado la ministra de Justicia, el primer estado de alarma permitió salvar 450.000 vidas en España.