El Gobierno esconde la reforma de la malversación tras las amenazas internas y de Podemos

La cara B de la reforma del Código Penal del delito de sedición registrada por el Gobierno de Pedro Sánchez, tocar también el delito de malversación, está en el centro de la diana, por mucho que el Ejecutivo haya virado su discurso en las últimas horas y trate de esconder la posibilidad. Fuentes de Moncloa alegan que no se trata más que de «un futurible» y no de un compromiso, porque el terremoto que ha estallado no es fácil de gestionar: molesta ya no sólo a los propios barones socialistas como a los socios, tanto de Gobierno como de legislatura.

De momento, este martes la portavoz del Gobierno trató de desembarazarse como pudo en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y alegó que el Ejecutivo «no tiene posición». «La posición del Gobierno es el registro. El gobierno ha registrado una proposición de ley. Nos hemos comprometido a una cosa que hemos hecho, ahora entra el Parlamento a trabajar», reconocían fuentes del Ejecutivo. Sin embargo, no contaban con que Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) sí admitiera los contactos.

Porque los republicanos, que en público exigen una reforma «quirúrgica» del delito de malversación para los casos en los que también se dé el de sedición, están negociando esa enmienda directamente con Moncloa y sin ningún partido intermediario. Y, además, no tiene por qué ir en la misma proposición de ley que la que elimina la sedición, sino que podría ir por su parte.

El relato de Moncloa

Pero, antes, el relato. La parte socialista del Gobierno ha enfriado la reforma del delito de malversación ante el aviso que le han lanzado Podemos y sus aliados parlamentarios, y no en vano. Su descontento podría retrasar el carácter urgente de reformar el delito de sedición, que pretenden que esté listo antes de final de año.

Aunque sigue sin ser un camino fácil de transitar: la petición del presidente del Govern, Pere Aragonés, a Sánchez para modificar malversación -implicaría a los independentistas condenados e indultados por sedición- no se ve con buenos ojos en Unidas Podemos, al poder afectar a casos de corrupción en los que, aunque no ha habido enriquecimiento personal, se han utilizado fondos públicos.

Los socios parlamentarios, en contra

Es el mismo argumento que también esgrimen algunos de los aliados parlamentarios que deben dar el visto bueno a la reforma de la nueva ley de sedición convertida ahora en «desórdenes públicos agravados», como son Más País, PDeCAt, Compromís o BNG. Votos, en muchos casos, necesarios para superar la oposición de PP, Vox y Ciudadanos.

Otros aliados parlamentarios como Compromís tampoco ven con buenos ojos la propuesta para el delito de malversación que diferencia si el dinero se destina al lucro personal o de terceros, ya que «al fin y al cabo todos son caudales públicos».

BNG advierte de que la posición final de su voto dependerá de cómo quede esa tipificación de los desórdenes públicos. Los cuatro diputados del PDeCAT, por su parte, tampoco comparten que haya impunidad con la corrupción.