El Gobierno aplaza la entrega de Puigdemont hasta que se aclare si tiene inmunidad

La Abogacía del Estado, que forma parte del Ministerio de Justicia, defiende que la posible entrega de Carles Puigdemont debe esperar hasta que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) se pronuncie sobre su inmunidad. Por lo tanto, la Abogacía interpreta así que la orden de detención dictada por el Tribunal Supremo en 2019 está paralizada, según ha informado El País.

Esta situación se produjo después de que el juez Pablo Llarena presentara ante Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) un escrito criticando que la Justicia belga hubiera rechazado la entrega tanto del expresident como de los exconsellers Lluís Puig y Clara Ponsatí con el argumento de que fueron juzgados por el Tribunal Supremo, afirmando que no era el competente para ello.

Esta cuestión, según ha explicado la Abogacía del Estado al citado diario, paraliza la vigencia de la orden de detención hasta que se sepa si el TJUE determina que la Justicia belga aplicó debidamente el derecho europeo. De la resolución de esta cuestión puede depender la entrega o no de Puigdemont.

El ministerio de Justicia, que respalda la actuación de la Abogacía, considera que el TJUE tiene aprobadas unas recomendaciones «muy claras» sobre la paralización de la orden de detención de Llarena.

La norma número 25 de las recomendaciones a los órganos jurisdiccionales nacionales establece que, “aunque el órgano jurisdiccional nacional sigue siendo competente para adoptar medidas cautelares, especialmente cuando la cuestión planteada se refiera a la validez de un acto o disposición, la presentación de una petición de decisión prejudicial entraña sin embargo la suspensión del procedimiento nacional hasta que el Tribunal de Justicia se pronuncie”.

Con este precepto el TGUE retiró la inmunidad de Puigdemont el pasado 30 de julio. La justificación que dio el tribunal europeo es que los eurodiputados (Puigdemont, Comín y Ponsatí) no demostraron que su entrega a las autoridades españolas y su posterior puesta en situación de detención provisional “fueran previsibles con un grado de probabilidad suficiente”.

Esta suspensión fue solicitada por la defensa como medida cautelarísima, ante la posibilidad de que la pérdida de protección parlamentaria pudiera provocar su detención si salía de Bélgica.

Justicia defiende la postura de la Abogacía del Estado

Ahora, ni la Abogacía del Estado ni el Tribunal Supremo quieren convertir sus enfoques jurídicos en materia de debate. Sin embargo, mientras que el Ministerio de Justicia defiende la posición de la Abogacía, en el Supremo aseveran que la detención de Puigdemont nunca dejó de estar en vigor. Pero la representación de España en los tribunales europeos no la ejerce el Supremo, sino la Abogacía.

Mientras tanto, el abogado del expresident, Gonzalo Boye, se ha planteado solicitar al TGUE que se deje sin efecto el levantamiento de la inmunidad de Puigdemont, para que quede claro que goza de esta prerrogativa mientras no se dirima el conflicto entre la Justicia española, que solicitó la entrega, y la belga, que la rechazó.