El Gobierno defiende a la Abogacía del Estado en su pulso con Llarena por Puigdemont

Una gran duda ronda en torno a la detención de Carles Puigdemont en Cerdeña: su inmunidad. Este aspecto, ahora en manos de la Justicia italiana, mantiene divididos a los órganos institucionales españoles. La Abogacía del Estado y el Tribunal supremo (TS) mantienen un pulso respecto a su protección parlamentaria. Y el Gobierno ha escogido bando. 

La titular de Justicia, Pilar Llop, se ha posicionado a favor de la actuación de la Abogacía del Estado, un órgano externo al Gobierno pero que forma parte del Ministerio de Justicia, que se decanta por esperar a la decisión de los tribunales de Italia, frente a la posición del magistrado del TS Pablo Llarena, que este jueves exigió al país transalpino la entrega del expresident. 

“La abogacía del Estado, que defiende los intereses del Estado español, ha actuado con un absoluta pulcritud y con respeto a la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE. Ahora hay que esperar a ver qué deciden los tribunales italianos”, ha asegurado la ministra en una entrevista este viernes en Canal Sur. 

«La abogacía del Estado, que defiende los intereses del Estado español, ha actuado con un absoluta pulcritud y con respeto a la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE»

Pilar Llop, ministra de Justicia

El magistrado Llarena, en un oficio remitido este jueves al representante de España en Eurojust, hizo hincapié en que Puigdemont carece actualmente de protección parlamentaria. Al respecto, Llop ha explicado que todo depende de la resolución de la justicia italiana y que no puede aventurar cuál será su postura.

“Pero lo que sí que puedo decir -ha añadido- es que debemos respetar el procedimiento judicial tanto de las autoridades judiciales españolas como de las italianas”. 

Llop insiste en que la Abogacía reproduce la doctrina del TGUE

La responsable de Justicia ha insistido en el que el escrito de alegaciones, la Abogacía reprodujo la doctrina reiterada del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), que dice que cuando hay una cuestión prejudicial se debe paralizar el procedimiento.  

Ahora solo queda esperar a ver cómo la jueza italiana encargada de este caso resuelve esta doctrina del TGUE y cómo interpreta las resoluciones que ha emitido el Tribunal Supremo. 

Sin embargo, la ministra se ha curado en salud y ha señalado que el juez Llarena, dentro del ámbito de su investigación, “debe adoptar todas las medidas que él considera necesarias y pertinentes” para el buen fin del procedimiento. 

“Es una decisión que tiene que tomar él,  parece que ya se ha pronunciado y así se lo ha hecho saber a la jueza italiana, pero la jueza italiana también tiene que dar ahora su opinión”, ha agregado. 

Llop: «Hay que dejar trabajar a los tribunales»

Al ser preguntada por si cree que Puigdemont tiene inmunidad, la ministra ha hecho referencia a las medidas cautelarísimas del Tribunal General de la UE, «que es en las que se decide sobre su situación personal».

«Lo que ha dicho el TS es que la euroorden (de captura) sigue activa y la jueza italiana le ha dejado en libertad porque entiende que se paralizaría el procedimiento con la presentación de la cuestión prejudicial», ha apuntado.

«Lo que ha dicho el TS es que la euroorden sigue activa y la jueza italiana le ha dejado en libertad porque entiende que se paralizaría el procedimiento»

No obstante, así era en un primer momento. Ahora está en manos de la justicia italiana decidir definitivamente cuál es la situación de Puigdemont y analizar si sigue vigente tanto su inmunidad como la euroorden.

«Hay que dejar trabajar a los tribunales, desde el Gobierno, por supuesto, absoluto respeto, y decir que la abogacía del estado ha actuado con absoluto respeto a la doctrina del TGUE y pulcritud. Porque la abogacía del Estado lo que hace es defender los intereses generales del Estado», ha concluido Llop, que no ha querido responder qué ocurrirá si el próximo 4 de octubre el expresident no se presenta ante los tribunales italianos.

Puigdemont podrá solicitar de nuevo la inmunidad

A pesar de todas las dudas que existen en torno a la inmunidad de Puigdemont, el auto del Tribunal General de la Unión Europea que desestimó las medidas cautelares que reclamó el expresident reflejó que podía pedirle de nuevo. Pero añadía que, en caso de ser detenido -opción que veía poco probable- podría interponer una nueva demanda para pedir medidas provisionales para su inmunidad.

“Pese a la desestimación de la demanda de medidas provisionales, los diputados mantienen la posibilidad de interponer una nueva demanda si, con posterioridad al presente auto, el perjuicio alegado resultara suficientemente probable, en particular en caso de que fueran detenidos por una autoridad de ejecución de un Estado miembro o de que se llevara a cabo alguna actuación dirigida a entregarlos a las autoridades españolas”, dictaba el texto.