Giró se resigna a contar con el PSC para aprobar los presupuestos de la Generalitat
El contexto de la guerra de Ucrania obliga al consejero de Economía a buscar apoyos más allá del bloque independentista
Jaume Giró y Salvador Illa, en una imagen de archivo / EFE
Cataluña tendrá, en enero del 2023, nuevos presupuestos en vigor. Este es el compromiso adquirido por Jaume Giró, antes de la pausa vacacional, y que el exdirector general de la Fundació La Caixa ha reafirmado en una comparecencia reciente para presentar la balanza fiscal de Cataluña con el Estado.
El objetivo principal de la Generalitat era activar la negociación con los partidos, justo en el inicio del curso político, pero todo apunta que las conversaciones llegarán en el mes de octubre. En un intento de rebajar las previsiones iniciales, la portavoz Patricia Plaja ha situado “en una fase embrionaria”. De hecho, desde julio hasta la actualidad, el departamento de Economía ha recogido todas las peticiones de las diferentes consejerías.
Giró y el Govern van a priorizar el bloque independentista, pero con la boca pequeña, el consejero no ha descartado por completo la complicidad de Salvador Illa para sacar adelante los números. El guiño del máximo responsable de las finanzas de la Generalitat a los socialistas responde al contexto económico de la guerra de Ucrania.
El precedente de la CCMA y la Sindicatura de Greuges
Pese a que en el universo independentista, el PSC sigue ostentando una cierta influencia en la acción de gobierno del ejecutivo catalán. A las puertas de la pasada Navidad, el voto de los socialistas, junto al de ERC y Junts, desbloqueo la renovación de las direcciones de los medios públicos, la Sindicatura de Greuges o la Autoridad Catalana de Protección de Datos.
Lejos de una actitud frentista contra el Govern independentista, el PSC ha adoptado una posición estadista y con ausencia de conflictividad bajo el pretexto que los socialistas “siempre dan apoyo a las cosas que hagan avanzar Cataluña y entren dentro del marco legal del Estatut”, ha reiterado muchas veces Illa.
En paralelo a la negociación de los presupuestos catalanes del 2023, Jaume Giró ha pedido al PSC una intermediación con el Gobierno para que publique los datos necesarios para hacer un cálculo exacto de las balanzas fiscales y evitar estimaciones inexactas. La posición de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, respecto a la petición catalana es de no dar la información solicitada para evitar “enfrentamientos” entre territorios.
Illa no se desliga de la estrategia de Pedro Sánchez con Cataluña
La actitud de Illa y los socialistas catalanes para facilitar la acción económica de la Generalitat o el reciente decreto para esquivar la sentencia judicial del 25% de castellano en las aulas recuerda al clima de entendimiento de Aragonès y el Gobierno de Pedro Sánchez, visibilizado en la mesa de negociación.
Más allá de la agenda de desjudicialización exigida por Esquerra Republicana, Moncloa y Generalitat llevan a cabo una negociación para superar discrepancias competenciales. El procedimiento tiene la cobertura legal de la subcomisión de seguimiento normativo y solución de conflictos de la comisión bilateral Generalitat-Estado. Hasta ahora, Pedro Sánchez ha activado el procedimiento para cuatro carpetas: medidas fiscales y financieras de la administración pública, emergencia en el sector de la vivienda, ley catalana de consultas no refrendarias y energías renovables. Este último ámbito ha sido el único en el cual las dos administraciones, Gobierno y la consejería de Acción Climática y Agenda Rural, han llegado a un acuerdo, básicamente en la interpretación y despliegue del reglamento jurídico.
