Giró continúa la búsqueda de avalistas para los condenados del procés tras un mes de fracasos

La Generalitat sigue buscando entidad financiera que quiera asumir los avales de las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas (TCu) a 34 ex-altos cargos de la Generalitat. Aunque el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) avaló la legalidad del fondo de 10 millones impulsado por la Generalitat, ningún banco quiere arriesgarse ante las dudas de su legalidad.

Desde la consellería de Giró confirman a Economía Digital que «estamos donde estábamos antes de irnos de vacaciones», con 29 avales presentados que se depositaron en el TCu a raíz del polémico decreto-ley que el dictamen del CGE avaló por unanimidad».

Respecto a si la Generalitat ya ha encontrado un banco que permita resolver la excepcionalidad de la situación, reconocen que todavía no tienen a ninguna que se quiera comprometer con la operación pese a su legalidad: «Seguimos trabajando con vías abiertas con entidades financieras».

La interminable búsqueda de la Generalitat

La búsqueda le está haciendo dura a la Generalitat. Aunque el conseller de Economía reconoció en una entrevista al Ara que no esperaba que los bancos aceptaran de primeras, la realidad es que pasado un mes sin encontrar todavía acuerdo alguno: «Tenía dudas sobre una entidad en concreto que también ha dicho, de momento, que no”.

El hecho de que los bancos no quisieran asumir el riesgo de avalar a los cargos independentistas obligó al Institut Català de Finances a responder de momento ante las cuantías impuestas por el TCs. Una decisión que se tomó por sorpresa en 24 horas en un Govern dividido, después de que el conseller se negara a poner en riesgo la institución dependiente de la Generalitat.

La decisión del ICF de avalar a los encausados estaba prevista en el decreto ley que proveía a la Generalitat del fondo de 10M€ que servirían de contraaval. Este era el último recurso si ninguna entidad financiera se disponía a aceptar la propuesta del Govern de ofrecerse como avalista, lo que ha terminado por suceder.

Fuertes tensiones en el ICF

La aprobación de la entidad financiera de la Generalitat como avalador provisional provocó suspicacias dentro de la misma. El rescate a los exaltos públicos se saldó con tres dimisiones dentro de la institución: Francesc Casas, Mercedes Domingo y Virginia Verger. Ellos, igual que sus compañeros, tenían el mandato vencido desde el 1 de julio y estaban pendientes de renovación.

Entre los que sí votaron, el consejero delegado del ente se abstuvo, mientras que los tres miembros de la junta nombrados por la Generalitat se decantaron por votar a favor del aval. Muy distinto fue el sentido de los tres independientes que no se fueron, que votaron en contra. El presidente del ICF, Albert Castellanos, hizo valer su voto de calidad para deshacer el empate.

Y después del aval del ICF, ¿por qué la situación no está todavía resuelta? El Tribunal de Cuentas tiene todavía que validar esos avales, que le generan dudas sobre la legalidad y que finalmente podrían ser tumbados. Eso evocaría a que finalmente tenga que ser una entidad financiera la que asuma ese aval.