Giró busca banco a contrarreloj para resarcirse en el Parlament
El Govern está tanteando a entidades bancarias 'no catalanas' por si el Tribunal de Cuentas tumba el aval del ICF
El Govern sigue buscando banco a contrarreloj por si el Tribunal de Cuentas decide tumbar el aval presentado por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para sufragar las fianzas impuestas a los líderes del procés.
El Plan B del consejero de Economía del Govern, Jaume Giró, de negociar con entidades bancarias para que asuman ser los intermediarios en lugar del ICF, si el órgano fiscalizador tumba su propuesta, continúa en marcha sin ningún éxito por el momento.
El consejero busca resarcirse tras haber anunciado inicialmente este plan y ninguna entidad quiso exponerse a ser vista con lupa por la Justicia y a ser rechazada por el conjunto de la ciudadanía, tras ser asociada al independentismo.
Desde la Generalitat desvelan a Economía Digital que Giró no tira la toalla y sigue negociando con «diversas entidades bancarias» para evitar que los propios encausados tuvieran que aportar sus bienes o verse embargados al no poder sufragar la fianza de 5,4 millones impuesta.
El consejero busca un acuerdo de inmediato porque este jueves, el Govern recibirá el informe del Consejo de Garantías Estatutarias sobre la legalidad del aval presentado por el ICF. La Generalitat espera que este informe les dé la razón y este órgano vea legal el decreto elaborado, así como el mecanismo presentado al órgano fiscalizador.
Sin embargo y ante posibles puntos en contra, desde la consejería de Economía ya piensan cómo contrarrestarlos y el encontrar un banco como avalista sería una de las posibles opciones ante una batalla más que perdida según los expertos jurídicos consultados.
El Govern habría comenzado negociando con los ‘bancos amigos’ de la Generalitat y también del propio consejero como es Caixabank, ya que proviene de ahí. El Govern también habría contactado con BBVA, Santander, Sabadell y Caja de Ingenieros sin éxito. Fuentes conocedoras no quieren desvelar si en estos momentos se negocia con bancos extranjeros, pero sí aseguran que se está tanteando a entidades «no catalanas».
La Fiscalía también investiga el aval
Asimismo, la Fiscalía también ha dado otro paso importante en este asunto al abrir diligencias de investigación para averiguar si ha habido delito en la concesión del aval por parte del ICF.
En el comunicado enviado, el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, ordenó a la Fiscalía de Barcelona que «practique las actuaciones procedentes para el esclarecimiento de los hechos». En un plazo máximo de seis meses, las diligencias pueden ser archivadas o bien transformarse en una denuncia o querella ante los juzgados.
La investigación del ministerio público es fruto de una denuncia presentada por Carlos Carrizosa, de Ciudadanos, que denuncia que el aval es una «operación fraudulenta».
Las diligencias que se practicarán se ciñen solamente a la junta de gobierno del ICF, el órgano que la semana pasada aprobó el mecanismo del aval en una votación muy dividida y con tres bajas de consejeros que no quisieron hacerse responsables con sus firmas.
El partido naranja también había incluido en su denuncia a tres miembros del Govern: el presidente Pere Aragonès, el consejero de Economía Jaume Giró y la consejera de Presidencia Laura Vilagrà. La Fiscalía, sin embargo, ordenó que esa parte se archive porque ya existe un procedimiento en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) impulsado por Vox.
En el comunicado, el alto tribunal explica que tiene sobre la mesa dos querellas contra miembros del Govern por el aval en el Tribunal de Cuentas, sin dar más explicaciones. Por el momento, ninguna de las dos ha sido aún admitida a trámite, lo que significa que ni siquiera en el plano formal se ha iniciado, por ahora, una investigación.