La Generalitat vendió edificios por debajo de su precio

La Sindicatura de Cuentas constata una escandalosa “falta de control” de la Generalitat sobre los inmuebles de su propiedad en el periodo de 2011 a 2014. En aquellos años, el gobierno de Artur Mas efectuó millonarias ventas para cuadrar las cuentas.

El informe subraya que la dirección general de Patrimonio de la Generalitat no disponía en aquel periodo de “información suficiente y actualizada” sobre sus inmuebles y que, por lo tanto, incluso desconocía su valoración.

La Sindicatura descubre que catorce edificios se vendieron “por debajo de su precio de coste” y, sobre dos de ellos, ni siquiera consta que se realizase una valoración previa a la venta.

Pese a vender los inmuebles, en muchas ocasiones la Generalitat se quedó como inquilina. La Sindicatura señala que el importe de los alquileres asociados a las ventas realizadas durante el periodo de 2011 a 2014 supone una carga estimada de 787 millones de euros hasta el año 2034. Por ello, estima un flujo negativo por las operaciones realizadas por la Generalitat de 698,24 millones de euros.

Esta nefasta gestión del patrimonio inmobiliario de la Generalitat se realizó bajo la presidencia de Artur Mas. Según la información facilitada a la Sindicatura, al cierre del ejercicio de 2014, el parque inmobiliario de la Generalitat era de 2.423 inmuebles, con una superficie total de más de 6 millones de metros cuadrados. La Sindicatura subraya que la Generalitat no disponía de una valoración contable sobre este patrimonio.

Inmuebles vacíos

En fecha 31 de diciembre de 2014, había 120 inmuebles vacíos, de los que 45 eran directamente propiedad de la administración de la Generalitat y otros 75 de sus organismos dependientes. El hecho de que no estuvieran ocupados comportó unos gastos superiores a los 3 millones de euros durante el periodo de cuatro años analizado.

Además, había 1.961 viviendas, parkings y locales vacíos del Instituto Catalán del Suelo (Incasol) y del Consorcio del Barrio de la Mina.

En una muestra de quince expedientes, en cuatro se formalizaron contratos de alquiler pese al dictamen desfavorable de la dirección general de Patrimonio.

La Sindicatura deja al descubierto el descontrol del patrimonio inmobiliario de la Generalitat durante una etapa del gobierno de Mas en que se realizaron millonarias enajenaciones. El informe tiene como ponente a la sindica Emma Balseiro, designada a propuesta del PP.