La Generalitat se prepara para ‘renacionalizar’ el servicio 061 como le exige la CUP
El Govern mantiene que los anticapitalistas son su único interlocutor válido y revela que siguen las conversaciones esta semana
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, acompañado los consellers de Laura Vilagrà y Jaume Giró en la reunión del Govern / Rubén Moreno
La Generalitat prevé poner en marcha una «hoja de ruta» para poder internacionalizar el servicio de emergencias médicas 061. Una de las demandas que le ha exigido la CUP al Govern a cambio de aprobarle unos presupuestos, el único socio que el Ejecutivo de Pere Aragonès se plantea hasta la fecha.
La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha asegurado que la Generalitat lo hará teniendo en cuenta «varios aspectos», como la «evaluación del impacto de asumir este servicio». «Tendrá que tener en cuenta la evaluación del impacto de la asunción directa del servicio, la dotación presupuestaria y el mecanismo legal para hacerlo«.
Plaja también ha reconocido que siguen los contactos con su potencial socio, pese a la amenaza antisistema de presentar una enmienda a la totalidad a los presupuestos. El Govern no quiere plantearse ninguna opción alternativa, pese al tiempo limitado para sacar adelante las cuentas, pese a los reiterados ofrecimientos del PSC y de los Comuns para hacerlo.
Críticas a la voluntad de llevarlo al Consell de Garanties
Sobre la pretensión de Cs de llevar al Consell de Garanties Estatutàries las cuentas, Plaja ha asegurado que «no hay ninguna razón fundamentada para llevar esta ley de presupuestos», y que este tipo de maniobras ni siquiera les permiten tener «rédito político» y que se respeten los «calendarios previstos».
Si esta ley termina ante el órgano consultivo de la Generalitat, la Generalitat se queda sin posibilidades de aprobar las cuentas antes del 1 de enero de 2022, lo que obligaría a prorrogar las cuentas de 2020 –ya prorrogadas este año–, hasta que las nuevas vieran la luz.
La ley de acompañamiento: moratoria hotelera y fiscal
El Govern ha aprobado este jueves el anteproyecto de ley de medidas fiscales y financieras, más conocida como ley de acompañamiento. Entre las medidas más destacadas, la moratoria excepcional de dos años «con el devengo de los ingresos correspondientes y sin obligación de depositar una garantía».
El Consell Executiu también ha anunciado que un 20% de los ingresos que hayan recibido de la producción de energía nuclear se destinará a «financiar actuaciones de desarrollo socioeconómico y de transición energética de los municipios que se encuentran en el área de influencia de las centrales nucleares».
«A efectos de diseño de la política fiscal del juego, se establece una obligación formal de suministro de información por parte de los operadores de máquinas recreativas y de azar a la Dirección General de Tributos y Juego». Según el acuerdo, deberán facilitar esos datos relacionados con su actividad, como el número de partidas jugadas, importes de las cantidades y premios concedidos.
