La Generalitat se olvida de los ‘sintecho’: cinco años sin aplicar su plan contra la pobreza en las calles

Doble moral de la Generalitat con las personas sintecho. La Mesa del Tercer Sector celebraba este martes el inicio de la andadura legislativa para una futura ley que blindara a este colectivo vulnerable. ERC y Junts, junto al resto de partidos salvo Vox, se sumaban a la foto del comienzo de la tramitación, pese al abandono de un Govern que durante años les ha hecho poco caso.

La Generalitat aprobó en 2017 la Estratègia integral per a l’abordatge del sensellarisme a Catalunya, un ambicioso plan que –más allá de asistir a este colectivo vulnerable– tenía como punto final la erradicación de este tipo de pobreza. Un texto que ha quedado en papel mojado cinco años después, sin avances, pese a la presión de las organizaciones sociales.

«Es una reclamación que hemos tenido desde entonces, que esta estrategia se haga efectiva», lamenta la portavoz de la Fundació Arrels, Beatriz Fernández. Su organización, una de las que ha impulsado la ley que quiere erradicar el sinhogarismo, considera que la inacción del Govern en estos años es la mejor prueba de la necesidad de desarrollar esta norma jurídica.

La representante asegura a Economía Digital que la estrategia que se aprobó en 2017 ha sido rescatada por la Generalitat en «sus compromisos de acción», aunque su cumplimiento a 2022 haya sido nulo. Y aunque esperan su despliegue, «no deja de ser una herramienta del Govern», mientras que «la ley que hemos presentado tiene que comprometer al gobierno actual y a futuros».

La estrategia se aprobó de la mano de una Generalitat todavía liderada por el expresidente Carles Puigdemont, formado por miembros de CDC y ERC bajo la coalición Junts pel Sí. El año en que se aprobó la estrategia contra el sinhogarismo la consellera de Bienestar, Trabajo y Familia era entonces la republicana Dolors Bassa, cesada tras el 155.

Ningún dato nuevo sobre personas sin hogar desde 2016

El poco interés que la Generalitat ha mostrado en esta cuestión también se ve en los últimos datos disponibles. Según señalan desde Arrels, la última vez que hizo un conteo fue en el año 2016, donde se estimó que casi 10.000 personas vivían en «situación sin hogar», de las que 2.855 vivían en la calle, 4.120 pernoctaban un albergue y 2.982 en un alojamiento temporal.

Unos datos que, según denuncia la asociación, se habrían disparado en seis años un 80%, pasando de las 10.000 de 2016, hasta las 18.000 actuales. Además, recuerdan que las cinco entidades que impulsan la ley –Assís Centre d’Acollida, Arrels Fundació, Càritas Catalunya, la Comunitat de Sant’Egidio y Sant Joan de Déu Serveis Socials (SjD-SS)– ofrecen 3.600 plazas residenciales.

La falta de interés del Govern también se ha reflejado en los Presupuestos del año 2022. La Generalitat no dedicó ninguna partida específica al sinhogarismo. Una cuestión que denunció el PSC de la mano de la diputada Beatriz Silva, que criticó que en mil páginas de cuentas, la única mención a los sintecho fuera dentro del apartado «otros programas sociales».

«No se especificaba la cuantía ni a qué iban destinados estos recursos, ni si una parte de estos contemplaba a las personas sin techo que, una vez más, eran las grandes olvidadas», explica la diputada socialista a Economía Digital. «Es hora que el sinhogarismo deje de estar en lista de espera y que no se hable sólo de ello cuando ocurre una tragedia», lamenta.

El PSC planteó el abandono de las personas sin hogar en el Parlament, con una interpelación a la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, que había anunciado dinero destinado a combatir esta lacra social, aunque los presupuestos no hacen mención explícita a esta cuestión.

La diputada socialista le recriminó a la consellera que la atención a las personas sin techo recayera «completamente en las entidades y en los ayuntamientos, porque la Generalitat, que es quien tiene las competencias de vivienda y de acompañamiento para abordar una problemática tan compleja, se ha desentendido completamente de la situación de estas personas».

Cervera se escudó en que el dinero dedicado a las personas sin hogar estaba repartido entre el total de las cuentas: «Cuando tienes un prespuestos de 4.000 millones de euros con diferentes herramientas de actuación, quizás a veces es cierto que es difícil poder detectar en cuál de las partidas se incluye una actuación en concreto».

La consellera se escudó en que trabaja la cuestión a través de colaborar con los ayuntamientos, y que la herramienta que ponen a disposición es «el contrato programa». «Uno de los números que dije en la pasada pregunta eran los 12 millones de euros que contempla el contrato programa para poder ayudar a los consistorios a luchar contra este sinhogarismo«, defendió Cervera.

La Renta Garantizada para las personas sin hogar sigue paralizada

Otra cuestión que denuncia Silva es que nunca se haya aplicado la reforma de 2018 a la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), que impulsó su formación, «para que las personas sin techo pudieran acceder a ella sólo con un informe de Servicios Sociales, nunca se ha activado el artículo 7.3 que lo haría posible».

El PSC presenta una moción a este pleno sobre esta cuestión. El partido quiere posicionar a la Cámara a favor de considerar al sinhogarismo como una prioridad. Además, piden que se active de una vez la reforma de la RGC, y un plan de choque con «dotación presupuestaria específica para dotar de soluciones a sintecho«.

En cuanto al proyecto de ley registrado este martes, las entidades impulsoras se han mostrado optimistas. «Esta será la ley de la legislatura», ha defendido desde el Parlament el director de SjD-SS de Barcelona, Salvador Maneu. El portavoz ha recordado que «el sinhogarismo es una realidad compleja que solo se puede abordar desde la suma de esfuerzos, y la voluntad compartida».

En cuanto al profesor de Derecho Administrativo de la UAB Antoni Milian, ha explicado las ventajas de esta norma. «La creación de la figura del espacio residencial digno permitirá erradicar la situación de las personas que viven en la calle incorporando este servicio como una prestación garantizada en la cartera de servicios sociales».

Pero para ello necesitan dinero, y desde Arrels insisten a este medio que la norma pretende, entre otras cosas, que haya una dotación económica definida. «No hemos presentado esta ley solo con buena voluntad, la voluntad que haremos es que se pueda aplicar, y no se puede aplicar sin una partida», concluye Fernández.