La Generalitat planea reforzar las polémicas ‘embajadas’ catalanas

El Govern pretende afinar su Acción Exterior para "ganar reconocimiento internacional en diferentes ámbitos estratégicos"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (d), junto a su vicepresidente, Jordi Puigneró (2d), y los consellers de Economía, Jaume Giró (i), y Empresa y Trabajo, Roger Torrent (2i), durante la reunión semanal del Govern. EFE/Marta Pérez

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (d), junto a su vicepresidente, Jordi Puigneró (2d), y los consellers de Economía, Jaume Giró (i), y Empresa y Trabajo, Roger Torrent (2i), durante la reunión semanal del Govern. EFE/Marta Pérez

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Pese a la mesa de diálogo y la voluntad del Gobierno para que la Generalitat asuma cauces constitucionales, el Govern de Pere Aragonès sigue obsesionado con tener visibilidad más allá de las fronteras españolas. Y las mal llamadas ‘embajadas catalanas’ son una prioridad que el Ejecutivo catalán quiere «consolidar y reforzar».

Así se desprende de Pla de Govern de la Generalitat para la presente legislatura: «Consolidación y refuerzo de la red de delegaciones en el exterior y oficinas sectoriales como representación institucional del Govern, para asegurar una acción exterior transversal, coordinada y eficaz«.

La Generalitat mantiene así su plan de internacionalización, aunque el documento deja un margen muy abierto, ante un redactado francamente ambiguo. También, porque mezcla elementos más susceptibles a relacionarse con el procés catalán con otros relacionados con la promoción económica y empresarial.

En su plan de Govern, la Generalitat plantea la «exportación de buenas prácticas para ganar reconocimiento internacional en diferentes ámbitos estratégicos mediante el despliegue de los memorándums de entendimiento (la convergencia de deseo entre las partes para emprender una acción común)».

Presencia de la Generalitat en «fórums internacionales»

También, se defiende la presencia de la Generalitat en «fórums internacionales que promuevan el multilateralismo y la defensa de una gobernanza multinivel». Además, la «promoción de programas para incrementar la participación de catalanes y catalanas en organismos internacionales».

El Govern también quiere ganar influencia en la Unión Europea, participando en su sistema institucional para poder defender los postulados del gobierno autonómico. En el redactado, se hace referencia a que la Generalitat aspira a incrementar la «presentación de posicionamientos, dictámenes o respuestas a consultas abiertas para las instituciones» comunitarias.

Además, plantea una reivindicación histórica de la Generalitat: que el catalán –lengua cooficial de Cataluña, las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana– se convierta también en idioma reconocido por la Unión Europea. Ello permitiría a los parlamentarios que quisieran el poder expresarse de este modo y de forma oficial en las instituciones comunitarias.

El caso del Diplocat y el Tribunal de Cuentas

Aunque el redactado es muy abierto, la Generalitat ha sentado precedente con su política Acción Exterior, a través del polémico Diplocat y con el objetivo de dar a conocer el proceso independentista. Una situación que ha desembocado en un proceso abierto en el Tribunal de Cuentas, con el requerimiento de fianzas con valor de 5,4 millones de euros.

La Generalitat, para salvar de la ruina económica a los 34 cargos públicos imputados en esta cuestión, aprobó unos avales de 10 millones de euros para responder económicamente. Un proceso donde el avalista será el Institut Català de Finances (ICF), tras el fracaso de Jaume Giró al no conseguir que ningún banco privado se ofrezca como entidad que ofrezca los avales.

El proceso abierto por la Generalitat ha generado suspicacias por si es legal que el ICF haga de entidad avalista de los altos cargos. El PSC llevó al Consell de Garanties Estatutàries el decreto del Govern, que lo avaló con matices, lo que llevó al partido de Salvador Illa a abstenerse.

Ahora es el Tribunal de Cuentas quién debe decidir si se admite al ICF como avalista de la Generalitat. La Fiscalía ha abierto una investigación sobre el rescate económico a los independentistas, mientras que la Abogacía del Estado –dependiente del Ministerio de Justicia– ha eludido pronunciarse sobre esta cuestión alegando «conflicto de intereses».

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